La economía sufría una profunda crisis desde hacía varios años. Europa había puesto coto a la deuda publica como recurso para sostener el estallido de la burbuja inmobiliaria, el primer Gobierno socio-regionalista en Navarra estaba a punto de saltar por los aires y la banca española era incapaz de esconder los desmanes cometidos en los años de bonanza. El Gobierno de Rajoy trató de resistirse, pero no le quedó más remedio que aceptar el rescate europeo. La icónica foto del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, agarrando por el cuello al ministro de Economía, Luis de Guindos, cumple hoy diez años.
El rescate de la banca española no fue tan duro como el que sufrieron Grecia o Portugal, maltratados por la troika (Comisión Europea, FMI, Banco Central Europeo) a modo de escarmiento a los países del sur. Pero fue un rescate al fin y al cabo, por mucho que el Gobierno de Rajoy tratara de enmascarar la realidad presentándola como un "préstamo en condiciones muy ventajosas" que no iba a costar "ni un euro al contribuyente".
Pero tuvo precio. Vaya si lo tuvo. Se congelaron las pensiones, se redujo la prestación del paro, se mermó el empleo público y se subieron los impuestos. Se generalizaron los recortes y se multiplicaron los desahucios. El agujero provocado por la desregulación y la codicia bancaria supera ya los 73.000 millones, de los que el Estado no ha recuperado nada. Y es improbable que lo haga.
Aquello no fue rescate a los bancos, fue un rescate a sus propietarios, que hoy presumen de la buena salud del entramado financiero mientras el Estado carga con los activos tóxicos en lo que se le ha venido a llamar el banco malo, Sareb. Pisos apalancados mientras el mercado infla el precio del alquiler sin que los ayuntamientos puedan ofrecer suficiente vivienda social.
El poder del dinero
Hace diez años se hablaba de refundar el capitalismo, la izquierda se empezaba a movilizar frente a los recortes y los jóvenes cantaban su indignación en las plazas. Diez años después, la derecha camina a lomos de la ultra derecha en medio de una desregulación económica cada vez más salvaje. La nueva izquierda sucumbe ante sus cuitas internas y el Gobierno de Pedro Sánchez no logra vender sus logros sociales en medio de una incertidumbre creciente.
No estamos en 2012, pero hay elementos que se le asemejan bastante. La barra libre que ha ofrecido el Banco Central Europeo ha llegado a su fin. Suben los tipos de interés que encarecerán la deuda al tiempo que la inflación amenaza a las rentas del trabajo y la economía ofrece síntomas preocupantes. Quizá los nubarrones no acaben en tormenta, pero el otoño puede ser complicado.
Hoy no hay bancos amenazados de insolvencia, pero hay compañías energéticas lucrándose de la coyuntura. Solo el pasado año las principales corporaciones eléctricas, gasísticas y petroleras españolas se embolsaron 10.000 millones de beneficios. Más de 27 millones al día. Más de un millón a la hora. En el rato que lleva leer este artículo habrán acumulado 100.000 euros en beneficios. Ahora vaya a ver su última factura de la luz o de gasolina. No hay rico sin pobre ni inflación sin beneficio.
Sería injusto decir que no se ha aprendido nada durante este tiempo. Se ha instaurado una renta garantizada, se han limitado los desahucios y se ha elevado el salario mínimo interprofesional. Hay redes de seguridad que no había entonces. Pero el fondo del problema sigue presente. El gran poder económico, ya sea en forma de banco o de compañía energética, sigue controlando el sistema. Tendemos a confundir a los gobiernos con el poder, como si no existiera una regla de sumisión implícita en la que el dinero lo domina todo.
Solo desde esa sensación de impunidad ajena a cualquier realidad que se vive en la calle se entienden las palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, llamando tontos a quienes tienen la factura regulada y da acceso al bono social. O que el presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclame un recorte de las pensiones y de los salarios.
Saben que no hay ningún riesgo. Salvo algunas excepciones ?obscenas incluso para el propio sistema, como el caso de las tarjetas black de Caja Madrid?, no ha habido repercusiones judiciales para los responsables del rescate bancario. Muchos de los cuales siguen hoy al frente de las nuevas entidades financieras, reforzadas en un sistema oligopólico.
Solo el pasado año los principales ejecutivos del IBEX 35 se repartieron en salarios 140 millones gracias a los beneficios obtenidos por sus compañías. Directivos que no pagan impuestos por su riqueza porque viven en Madrid, paraíso fiscal para ricos en nombre de la libertad. Porque nadie se ha atrevido en todo este tiempo a llevar a cabo una reforma fiscal real y profunda que permita compartir los esfuerzos tributarios.
La rentas y el consumo siguen sosteniendo una estructura en la que los patrimonios y las empresas cada vez aportan menos. No hay equidad fiscal porque pedirlo es populista. Siempre hay elecciones a la vista y resulta más fácil asumir el falso discurso de la derecha, que ofrece a los ciudadanos bajadas de impuestos como solución a todos sus problemas. Cambian los gobiernos pero mandan los de siempre. Y así nos va.
