La reforma de las pensiones prosigue su curso con la publicación en el BOE, este sábado, de la primera parte de las modificaciones, que revaloriza las prestaciones anualmente conforme a la evolución del IPC y liquida el factor de sostenibilidad, sustituido a partir de ahora por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Otra de las orientaciones más significativas que domina el espíritu del texto tiene que ver con el acercamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación a la real gracias a la introducción de distintos coeficientes correctores.

Coincidiendo con el nuevo año, las pensiones se incrementarán de acuerdo con la inflación media anual que se haya registrado en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las prestaciones contributivas y del 3% para las mínimas y no contributivas. En el caso de que el año se cerrara con un IPC negativo -tal y como sucedió en 2020-, la cuantía de las pensiones quedaría inalterada.

SOLIDARIDAD GENERACIONAL

La Ley incorpora diferentes medidas dentro de la filosofía para acercar de forma voluntaria la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. Así, se fijan varias vías de actuación. Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes serán ahora mensuales para dar más flexibilidad a futuros pensionistas y promover carreras de cotizaciones más largas. Por otra parte, las fórmulas reductoras vinculadas al adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión en vez de sobre la base reguladora, como se hacía hasta ahora.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) reemplaza al polémico factor de sostenibilidad. Este sistema, introducido por el Gobierno del PP en 2013, iba a funcionar desde 2019, aunque posteriormente fue retrasado hasta 2023.

Sin embargo, la fuerte oposición sindical y el acuerdo rubricado en julio de este año por el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos lo eliminó de la ecuación. En su lugar, el MEI, que no cuenta con el respaldo de la patronal, reactivará el Fondo de Reserva mediante aportaciones, a partir de 2023, de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, un porcentaje que se repartirá entre empresa (0,5 puntos) y trabajador (el 0,1 restante). Por último, la reforma reforzará la vía de las transferencias del Estado, dentro de los Presupuestos, al sistema de la Seguridad Social.