El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que levante su imputación en la causa que investiga los encargos realizados al excomisario Villarejo, siguiendo el precedente de sus homólogos de Repsol, Antonio Brufau, y CaixaBank, Isidro Fainé, para quienes archivó las pesquisas, porque “no es posible mantener la imputación de los máximos responsables de las compañías por el mero hecho del cargo que ostentan”.
La defensa recuerda “la ausencia de indicios concretos de comportamiento personal reprochable” y subraya que ninguno de los encargos al Grupo Cenyt, propiedad del comisario jubilado, “superaron el nivel de relevancia indispensable para su tratamiento por el Consejo de Administración de Iberdrola”.
Además, recupera un segundo argumento del auto de Repsol y CaixaBank, sobre el daño reputacional y asegura que se ha producido esa “incidencia negativa” a la que aludía García-Castellón con “una traducción económica de varios miles de millones de euros”.
