La reforma de las pensiones en una primera lectura sólo beneficia al colectivo de jubilados en activo pues han conseguido que en los próximos años se mantenga el poder adquisitivo al vincular la cuantía de las percepciones a la evolución del IPC pero no se ha conseguido una fórmula para equilibrar los ingresos y los gastos de la Seguridad Social en los próximos años, al menos esa es la valoración del Rafael Domenech, de BBVA Research.Los agentes sociales valoran el consenso y la certidumbre que aporta al colectivo de pensionistas temas como ligar la pensiones al IPC pero reconocen que el déficit del Estado va a crecer y que quedan temas muy importantes de cara a la sostenibilidad futura del sistema por acordar

La reforma pactada de momento, no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas y aplaza las decisiones más difíciles.

Las grandes líneas del acuerdo -"se ha recuperado el consenso frente a la imposición de la anterior reforma del PP", resalta Oscar Arenas, de CCOO de Euskadi-, se han centrado en asegurar el poder adquisitivo de los 9 millones de pensionistas actuales, intentar acercar la edad real de jubilación con la teórica, con mayores penalizaciones para las jubilaciones anticipadas, e incentivar unas mayores carreras laborales de cotización.

La reforma de pensiones, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

El texto recoge, según destaca Carolina Mugica, de Confebask, "la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura". De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estableció un plazo de 24 meses para eliminar el déficit de la Seguridad Social.

Esta medida es positiva, según Oskar Arenas, de CCOO de Euskadi, porque "por primera vez se habla de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social trabajando sobre los ingresos y no sobre la reducción de gastos" pero, a la espera de conocer los números reales ,"eso no está claro. El déficit se va a pasar de unas partidas a otras de las cuentas del Estado pero no parece que se vaya a corregir con esta reforma", destaca Rafael Domenech, del BBVA. Es más, el representante del banco muy crítico con la reforma, en especial con la eliminación del factor de sostenibilidad, señala que "con las estimaciones actuales, la supresión de elementos como el citado factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones con el IPC presionarán al alza el gasto en pensiones en más de tres puntos del PIB español en las próximas décadas, lo que se suma a un déficit de salida de dos puntos".

Es más, según Domenech, las medidas adoptadas para alargar la carrera laboral, por un lado penalizar las prejubilaciones y por otro, incentivar, el retraso de la edad de jubilación, "en el mejor de los casos sólo supondrá un ahorro de unas décimas en la partida de gasto en pensiones".

Desde la organización empresarial vasca Confebask, Virginia Mugica, considera que "solo se ha aprobado una fase de la reforma, y es la que menos incidencia directa tiene en las empresas". Para la representante de Confebask, están pendientes temas tan importantes como "la afección futura del sistema de pensiones a los autónomos y a sus cotizaciones, y el nuevo factor de sostenibilidad".

Un punto positivo de la reforma, según la técnica de Confebask, es que se "avanza en la línea de alargar las carreras laborales. Y, aunque no tenga relación directa, penalizar las prejubilaciones no perjudica la entrada de jóvenes en el mercado laboral". Mugica recuerda que en 2030 en Euskadi se va a necesitar cubrir medio millón de empleos, "y como la pirámide demográfica se ha invertido, necesitamos que la gente siga trabajando. En las empresas necesitamos a todos, a jóvenes y a veteranos".

En este sentido, la técnica de Confebask señala que la reforma incluye elementos positivos no suficientemente valorados "como introducir la cotización de los trabajadores en prácticas, el que se pueda seguir trabajando más allá de la edad teórica de jubilación que hasta ahora se podía imponer por convenio, bonificaciones en las cotizaciones de mujeres, etc.".

Ignacio Etxebarria, de la Federación vasca de EPSV, resalta que en la reforma han quedado temas pendientes como el encaje de las futuras pensiones de empleo. "Nuestro objetivo, siempre lo hemos dicho, no es sustituir las pensiones públicas sino complementarlas. Para poner en perspectiva esto sólo hay que recordar que queremos que una EPSV aporte en la jubilación el 20% del último salario, ello supondría aportar un 6% del salario durante toda la carrera laboral".

En todo caso, la posible implantación de un sistema complementario de pensiones de empleo estatal, como el vasco de Geroa, podría entrar en competencia con el vasco si no se acuerdan bien las cosas. Para Ignacio Etxebarria, lo positivo de una reforma por acuerdo es que "aporta seguridad jurídica y esto en temas de largo plazo como pensiones es fundamental".

"El acuerdo no asegura la sostenibilidad del sistema porque eleva el déficit pues se percibe más de lo que se cotiza"

BBVA Research

"La reforma tiene temas pendientes pero en temas como el IPC es positiva porque da seguridad jurídica"

Federación vasca de EPSV

"La penalización de las prejubilaciones no perjudica la entrada de jóvenes, las empresas necesitamos a todos"

Confebask

"La reforma garantiza la revalorización de las pensiones a los jubilados con el IPC real y retoma la senda del acuerdo"

CCOO de Euskadi