La Comisión Europea (CE) propuso hoy crear un "monedero electrónico" en el que los ciudadanos puedan guardar de forma digital sus datos de identidad y otros documentos oficiales, como permiso de conducir, número de cuenta bancaria o diplomas universitarios, de modo que sirva como prueba de identidad en todos los países de la Unión Europea (UE).

"La identidad digital europea nos permitirá hacer en cualquier Estado miembro lo que hacemos en el nuestro sin costes adicionales y con menos barreras, ya sea alquilar un piso o abrir una cuenta bancaria fuera de nuestro país", dijo la vicepresidenta europea responsable del área Digital, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa.

La pandemia de covid-19 ha acelerado la digitalización y mostrado el valor de poder identificarse a distancia de forma segura para acceder a servicios, mientras que cada vez más entidades privadas, como Apple o Google, y Gobiernos están apostando por las carteras electrónicas para ello, señala la Comisión en su propuesta.

VÁLIDA EN TODA LA UE

La cartera de identidad digital que plantea Bruselas estará disponible para todos los ciudadanos, residentes y empresas de la Unión Europea, pero su uso será voluntario y no sustituirá a los carnés de identidad electrónicos que emiten ya muchos países comunitarios, entre ellos España.

Los usuarios podrán utilizarlo en toda la Unión para identificarse para acceder a ciertos servicios públicos o privados, físicamente o a través de Internet, o para demostrar otros atributos, como su edad, sin necesidad de tener que compartir más información.

Aunque los detalles técnicos aún tienen que decidirse, esta identificación digital funcionaría en la práctica como las aplicaciones móviles que ya ofrecen "carteras" para almacenar de forma digital billetes de avión, o las que permiten pagar con el móvil como si fuese la tarjeta de crédito.

Será como llevar la cartera física con toda la documentación, pero en el móvil.

Esta identificación digital será emitida por los Estados o por entidades privadas autorizadas por los Gobiernos y las administraciones públicas y algunas grandes plataformas digitales privadas estarán obligadas a aceptarla.

En concreto, aquellas con más de 45 millones de usuarios (un 10 % de la población de la UE) y en aquellos sectores que exijan un alto nivel de autentificación para sus usuarios, entre ellos, transporte, energía, servicios bancarios y financieros, seguridad social, salud o telecomunicaciones.

Bruselas confía, no obstante, en que otras empresas querrán utilizarlo por la seguridad que ofrecerá.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

La Comisión destaca, de hecho, que el alto nivel de ciberseguridad que tendrán que garantizar los Estados miembros, que serán los encargados de desarrollar las carteras digitales para sus ciudadanos, y que los usuarios tendrán un mayor control sobre qué información comparten con terceras partes.

"Que sea fácil de utilizar no significa que sea fácil de hackear", dijo el comisario de Mercado Único, Thierry Breton, quien afirmó que se utilizarán los "sistemas de seguridad más elevada" que se encuentran en el mercado y más seguros de los que pueden proponer las plataformas digitales e instó a los Estados a tener en cuenta las tecnologías de encriptado más novedosas.

La Comisión destaca además que los ciudadanos podrán elegir identificarse con este sistema en plataformas como Google o Facebook en lugar de utilizar cuentas específicas, lo que les permitirá compartir solo los datos imprescindibles.

"La identificación en plataformas es imprescindible para acceder a ciertos servicios y estas con frecuencia aprovechan para recabar datos y monetizarlos (hacer dinero), a menudo contra nuestra voluntad. Queremos luchar contra esto", dijo Breton.

La Comisión Europea ha pedido a los Estados que trabajen de aquí a septiembre de 2022 en el diseño y estándares técnicos de esta identidad digital, de modo que pueda operar sin problemas entre los Veintisiete.

Una vez entre en vigor la regulación, tendrán un año para empezar a emitir estos certificados.

MAYOR INTEGRACIÓN

Aunque la UE tiene desde 2014 un marco legal para la emisión de documentos de identidad electrónicos y los servicios de autentificación en páginas web, este no obliga a los Estados a emitir DNI electrónicos ni regula su uso en aplicaciones móviles o en servicios privados. Esto lleva a muchas discrepancias entre países por lo que esta nueva propuesta enmendará la regulación.

Actualmente 14 de los 27 emiten DNI electrónicos, pero solo el 14 % de las administraciones públicas reconocen los emitidos por otros países comunitarios puesto que es muy difícil técnicamente conseguir que estos se comuniquen entre sí.

La idea de Bruselas, es que esta nueva cartera de identidad digital sea obligatoria y homogénea entre los Veintisiete desde su nacimiento.

Muchos de los socios europeos han incluido sus planes para desarrollar esta identidad digital en sus planes de recuperación, por lo que podrán beneficiarse de ayudas europeas para financiarlos.