Bilbao - Nuevo giro en torno a la liquidación de La Naval sin que nada invite a pensar que vaya a frenarse el proceso o que vaya a producirse un cambio sustancial en torno al futuro del astillero vizcaino. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no han llegado a un acuerdo en torno a la resolución del recurso presentado contra el despido de la plantilla por los sindicatos y el tribunal ha nombrado una nueva jueza ponente. Será la encargada de redactar un nuevo fallo sobre el ERE de extinción, que es en estos momentos el último obstáculo para la llegada de nuevos inversores.

No ha trascendido cuáles son las diferencias entre los magistrados que han llevado al fracaso el primer intento de resolver el recurso. Según ha podido saber DEIA en fuentes conocedoras del proceso, la ponencia del juez José Luis Asenjo Pinilla ha sido rechazada por sus dos compañeros de tribunal. Tampoco se han hecho públicas las posturas de cada una de las partes, de modo que no es posible saber si Asenjo Pinilla se había opuesto al ERE o si las reticencias vienen de los otros dos magistrados. También cabe la posibilidad que las diferencias sean procedimentales y no en torno a la legalidad de los despidos.

Poco más aclara la providencia a la que ha tenido acceso este diario, que, con fecha de 24 de septiembre, sustituye al primer ponente por la jueza Elena Lumbreras Lacarra. En el texto, el presidente en funciones de la Sala Social del TSJPV, Juan Carlos Iturri Garate, afirma que “visto el resultado de las deliberaciones realizadas sobre las cuestiones debatidas en el presente recurso y la postura mantenida por el magistrado ponente designado originalmente”, se toma la decisión de encargar ese cometido a Lumbreras Lacarra.

Las fuentes consultadas aseguran que la división surgida durante las deliberaciones y la posterior redacción de la ponencia aconsejaban cambiar la composición del tribunal. Según sus cálculos, el relevo del anterior juez ponente supondrá un retraso de en torno a un mes en la resolución del ERE.

Un tiempo extra que se añade a los tres meses de aplazamiento que solicitó el administrador concursal a finales de junio para tener más margen en la negociación con los inversores interesados en la compra de La Naval.

En principio, estaba previsto que se conociera el fallo de los jueces a finales del mes pasado o inicio de este, pero todo apunta a que no será antes de noviembre cuando se resuelva la cuestión de la que en estos momentos pende el futuro de la empresa, ya sea como astillero o con otra actividad.