RAMALA - Las autoridades palestinas han contactado con el Gobierno español para evitar que la compañía ferroviaria vasca CAF, que obtuvo la adjudicación de parte del proyecto del tranvía de Jerusalén, participe finalmente en la construcción de la infraestructura, que recorrerá territorio palestino ocupado.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha hablado con las autoridades españolas para expresarles su malestar por el hecho de que la empresa forme parte de una iniciativa que consideran que servirá para conectar las colonias israelíes de Jerusalén Este y Cisjordania ocupada con el centro de la Ciudad Santa, señalan a Efe fuentes diplomáticas en Ramala. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles integra el consorcio TransJerusalem J-Net Ltd junto con la constructora israelí Saphir, que a principios de agosto fue seleccionado como adjudicatario del proyecto del tren ligero de Jerusalén por un importe que supera los 1.800 millones de euros.

La urbe, cuya parte oriental bajo ocupación israelí desde 1967 es reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado, cuenta ya con una línea de tranvía en funcionamiento desde 2011 que generó controversia al enlazar las colonias judías de la zona este ocupada con el oeste israelí de la ciudad. El suministro de CAF incluirá la fabricación de 114 nuevos tranvías y la rehabilitación de las 46 unidades que actualmente están en servicio, pero los palestinos presionan para que la empresa vasca se desvincule del proyecto y advierten que si sigue adelante con este trabajo podría vulnerar el derecho internacional.

Según Naser al Qidwa, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo representante palestino ante la ONU y la Corte Penal Internacional, “cualquier intento de una compañía de hacer negocios en territorio ocupado supone una violación del derecho internacional”. Al Qidwa asegura que si CAF no se desmarca del tranvía “cometerá algo muy ilegal”. El liderazgo palestino, aseguró, “puede presionar al Gobierno español para que tome medidas”. Si CAF no da marcha atrás, dice Qudwa, se podría presentar una demanda a la Justicia española, y en último plazo, a instancias internacionales. - Efe