Imputan al BBVA por cohecho y corrupción en el ‘caso Villarejo’

Fuentes jurídicas confirmaron ayer que el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la imputación del banco a petición de la Fiscalía Anticorrupción dentro de la pieza del caso Tándem relativa a las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

El juez ha pedido al BBVA que designe a una persona como representante ante el juzgado pero ha rechazado la petición de la entidad de personarse como perjudicado en la causa. La Fiscalía solicitó la imputación del banco la semana pasada después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA.

Documentos que, a juicio de Anticorrupción, acreditarían que los pagos “ilícitos” a la empresa de Villarejo, Cenyt, “afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal” y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.

La Fiscalía asocia el delito de cohecho activo a que las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto “múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito” cuando el excomisario -en prisión desde noviembre de 2017- aún era policía en activo y por tanto su cargo era incompatible con estas labores.

Los “múltiples” delitos de descubrimiento y revelación de secretos derivarían de la información a la que consiguió acceder Villarejo de manera ilegal para aportar al BBVA, que supone, según la Fiscalía, “una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria”.

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, según Anticorrupción, este se pudo producir porque alguno de los directivos del BBVA investigados “habría percibido dádivas del entorno de Cenyt por la facilitación de tales contrataciones”.

Con la imputación del BBVA prosiguen las pesquisas sobre las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, empresa del excomisario que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios, según la investigación.

Varios cargos actuales y pasados del banco están investigados en esta causa, que es secreta, incluido el exconsejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, que abonó una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión. De hecho, ayer mismo declaró como investigado el exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco Antonio Béjar, que anunció el pasado viernes su intención de colaborar con el juez y que ha aportado nuevos documentos a la causa. A raíz de su comparecencia, la Fiscalía ha retirado la petición de libertad bajo fianza de 500.000 euros que solicitó el viernes para Béjar, recién cesado como presidente de Distrito Castellana Norte.

“esclarecer los hechos” El presidente de BBVA, Carlos Torres, afirmó ayer tras conocerse la imputación de la entidad que la “prioridad” del grupo es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia. La entidad señaló que la condición de investigado “no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito” y destaca que BBVA ha venido aportando información a la causa desde su inicio. “Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”, incide Torres.

CCOO instó a la dirección del banco a aprovechar la presentación de resultados para dar “las explicaciones oportunas”. El sindicato remarca que el expresidente del BBVA, Francisco González, es “el principal responsable de la pérdida de reputación del banco”. - Efe