BILBAO - El abogado José Montero Murillo, socio director del bufete Montero Rocha, animó ayer a los consumidores con hipoteca vinculada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) a reclamar ya ante los tribunales y no esperar por tanto a la sentencia de la Justicia europea que debería hacerse pública después del verano. Montero está convencido de que el fallo del Tribunal de Luxemburgo será favorable a los intereses de los ciudadanos y estima que la avalancha de demandas que llegarán después podría bloquear los juzgados de Euskadi, que en estos momentos “ya están colapsados” por las reclamaciones en curso.
En el transcurso de una conferencia celebrada ayer en Bilbao y ante un público compuesto por afectados por el IRPH y cláusulas bancarias abusivas y consumidores interesados en los cambios que introduce la nueva Ley Hipotecaria, el abogado cuestionó los últimos pasos dados desde el Gobierno español en esta materia.
Según explicó, Montero Rocha Abogados fue el bufete que logró la primera sentencia en contra del IRPH en el Estado y el cliente recibió 70.000 euros por parte del banco. Además también fue “pionero” en litigar para que unos padres pudieran desvincularse del aval concedido a un hijo para la compra de un piso y que, tras divorciarse, no pudo afrontar los pagos de la cuotas. Y en el campo de la cláusulas suelo tiene en su haber el primer fallo favorable a una familia en Euskadi, destacó el letrado bilbaino.
Durante su exposición, Montero quiso “traducir a un lenguaje comprensible para los ciudadanos” la nueva normativa y lo hizo con cuatro pinceladas y una conclusión negativa para los intereses de las familias: “Las modificaciones cierran las puertas que han ido abriendo los consumidores de cara a evitar convertirse en esclavos de los bancos y en muertos civiles”.
A su juicio, la Ley promovida por el Gabinete de Pedro Sánchez “ha pasado por encima” de la normativa anterior y “le ha puesto un lazo de regalo” para la banca. “Aunque teóricamente iba a mejorar la situación para el consumidor, tras años de lucha, son los bancos los que quedan protegidos”, afirmó.
Los ciudadanos en cambio se encontrarán a partir con “un muro”, el notario, al que en su opinión la nueva normativa sitúa como una especie de cortafuegos ante posibles demandas a la banca.
“El notario tiene la obligación de explicar las condiciones del préstamos y dar fe de que el cliente lo ha entendido. Pero es imposible que lo puedan hacer porque no se puede constatar que sea así. De modo que es una situación muy injusta para el consumidor”, afirmó.
Esa, indicó, es una de las primeras claves de la nueva Ley Hipotecaria, “poner una barrera” para evitar que el cliente pueda alegar en el futuro desconocimiento de las cláusulas que firmó. Además, se eliminan del ordenamiento jurídico las cláusulas suelo, un mecanismo que ya había sido anulado por la Justicia, por lo que no supone “ninguna novedad”.
la batalla del irph Algo parecido ocurre a juicio de Montero Murillo en lo concerniente a los gastos de la hipotecas. Aunque la ley establece que es el banco el que paga la mayoría de los costes, se trata de una pequeña gota dentro de los desembolsos que se generan en una compraventa de piso. Asimismo, hay cuestiones como los gastos de ejecución de la hipoteca que siguen corriendo a cuenta del consumidor y rondan los 90.000 euros. En cualquier caso y al margen de lo que ocurra con la nueva normativa, la primera batalla que se va a decidir es la del IRPH.
José Montero ha tenido contactos recientemente con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y está convencido de que los jueces comunitarios se decantarán a favor de los clientes de los bancos. “La actitud es muy positiva, quieren aplicar la normativa europea y estar de lado de los consumidores”, afirmó. Además, también se ha reunido con los presidentes de los tribunales Supremo y Constitucional, y tras los encuentros ha reforzado esa percepción.
Por ello, aconsejó a los posibles afectados que reclamen ya, sin esperar a la sentencia, puesto que la oleada de demandas que se producirá tras el fallo agravará el colapso actual de los juzgados. Montero Murillo estima que los bancos “alargarán” a su vez los procedimientos de cara a desanimar a los querellantes. “Los que reclamen al final se van a encontrar un embrollo de tales dimensiones que algunos optarán por renunciar antes de meterse en él”, afirmó el abogado.
