BILBAO. El colectivo ha leído una carta dirigida a los candidatos para mostrar su rechazo al papel desempeñado por el Parlamento Europeo y las distintas instituciones de la UE, debido a que "dan prioridad a las pensiones privadas cuando tan solo el 27 % de las personas de entre 25 y 52 años tiene un plan de pensiones privado".

Los pensionistas han exigido a los partidos que han prometido cambios respecto a esta cuestión el cumplimiento de sus promesas que "deben ir dirigidas" a los asuntos que afecten a la mayoría social, y han declarado que los pactos sobre las cuestiones "importantes" de dicho grupo social son "necesarios".

Asimismo, han añadido que "se han librado de la pesadilla" propuesta por las tres derechas, que "sí hubiesen cumplido con lo prometido".

Además, han mencionado la propuesta realizada recientemente por Josep Borrell sobre un salario mínimo europeo, y han recordado que cuando fue presidente del Parlamento Europeo no propuso dicho cambio, además de exigir una aclaración sobre cuál será el Salario Mínimo Interprofesional, si los 2.000 euros mensuales de Luxemburgo o los 1.500 euros de Francia, que "se incrementarán debido a las presiones realizadas por los chalecos amarillos".

El movimiento ha manifestado que "los gobiernos de Madrid no pueden utilizar la justificación de lo que supuestamente se impone desde Europa para restringir los derechos", y han exigido una pensión mínima de 1.080 euros y una subida del SMI hasta los 1.200 euros mensuales.

Por lo tanto, desde el movimiento de pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra exigen garantizar unas pensiones que permitan desempeñar una vida "digna y autónoma", además de llamar a la ciudadanía a ejercer su derecho a voto para las próximas elecciones europeas del 26 de mayo.

"Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir", han concluido los portavoces.

En Gasteiz, cientos de pensionistas han recorrido el centro de la ciudad bajo el lema "Pensiones Públicas Dignas" y se han concentrado junto a la sede de la Diputación de Álava para reclamar a la institución "que haga más residencias públicas" para atender a las personas con dependencia.

Armando Aulestiarte, portavoz de la plataforma Pentsionistak Araba, ha criticado que hasta ahora la Diputación "ha gastado el dinero en residencias privadas" al conceder a las familias ayudas "entre 800 y 900 euros" para que accedan a una plaza en los recursos privados o contraten a una persona cuidadora, ya que las plazas en las residencias privadas cuesta "unos 2.500 euros", lo que provoca que muchos dependientes "se queden en su casa".

"Obligan a las familias a tenerlos en casa, porque no hay recursos", ha agregado el portavoz, lo que supone que a estas personas no se le ofrece todos los cuidados que necesitan, algo que "además afecta a sus cuidadores".

Aulestiarte también ha denunciado las condiciones "precarias" en las que trabaja el personal de las residencias privadas, tanto en salarios como en carga de trabajo, y ha mostrado la solidaridad de los pensionistas con estos trabajadores, al tiempo que ha lamentado que "se haga negocio" con los casos de dependencia.