Bilbao - El presidente del IVAS, el Instituto Vasco de Auditores Socio Laborales, Alipio García Ross considera que la extensión de esta actividad en la sociedad vasca puede tener unos efectos positivos importantes de cara a mejorar las relaciones laborales en el seno de las empresas al eliminar o reducir sustancialmente puntos de conflicto entre dirección y representantes de los trabajadores. Pero además ayudará a las compañías a tener la tranquilidad de saber que están cumpliendo con las leyes.

La mayoría de los ciudadanos entienden qué es una auditoría económica pero ¿qué es una auditoría socio-laboral?

-Es un instrumento que permite comprobar si se cumple con la normativa laboral y además es un instrumento de mejora dentro de las empresas. Se trata de analizar si se cumplen una serie de requisitos en las compañías en lo tocante, fundamentalmente, al cumplimiento de la legislación laboral. Se analizan 16 áreas distintas con una metodología ya probada y regulada. Pasa desde analizar los órganos de administración de la propia empresa para ver si se cumplen todos los requerimientos de la legislación vigente, hasta analizar la ley de protección de datos, siguiendo por los contratos laborales, la realización de las nóminas del personal etc. Entre otros aspectos también se mira si se cumplen con los planes de igualdad de género, de discapacidad etc. Se analiza si existe una cesión ilegal de trabajadores, pues de hecho en empresas de servicios con la subcontratación habitual puede pasar más de lo que se piensa. Incluso analiza temas de conciliación de la vida familiar y laboral.

¿Su trabajo se solapa con el de los inspectores de trabajo?

-No, porque la labor de los inspectores tiene un componente sancionador, no van a certificar como hacemos nosotros. Y además la auditoría socio-laboral no vale solo para eso. Ayuda a mejorar la eficiencia de la empresa porque permite detectar fallos, pero no solo, por ejemplo, que exista personal que trabaje más horas de los legalmente establecido, sino que no se esté pagando de más a la administración. Las primeras auditorías que se han hecho lo que más han detectado es, por ejemplo, que muchas empresas no se aplicaban bonificaciones o que tenían contratos equivocados.

A diferencia de las auditorías económicas, estas son voluntarias.

-Ahora mismo sí. Pero se hacen cada vez que nos llega un cliente de fuera, porque tienes que analizar qué ha estado haciendo bien o mal. O por ejemplo, cuando cambia el director de recursos humanos de una empresa, nos piden una auditoría para tener un conocimiento más profundo de la sociedad y evitar errores futuros.

¿Las empresas vascas solicitan esta tipo de auditorías?

-Todavía no pero poco a poco las empresas se van convenciendo de la bondad de hacerlo, sobre todo a raíz de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los empresarios se están dando cuenta de que tienes que prevenir para que no exista esa responsabilidad. Así, el compliance -garantizar el cumplimiento del marco normativo- es una de las áreas de análisis de la auditoría socio-laboral.

¿El sector público puede ser un demandante de esta auditorias?

- Desde luego. De hecho el Gobierno vasco, por ejemplo, ya tiene claro en las licitaciones que si una empresa quiere trabajar con ellos, tiene que cumplir los requisitos mínimos que te pide la normativa sociolaboral. Con eso se garantiza que no se vulnera ningún derecho fundamental y que todas las empresas pueden trabajar en igualdad.

¿Serán necesario las auditorías socio-laborales para determinados contratos públicos?

- En el futuro sí. Una ley que entró en vigor en junio obliga a las empresas que contraten con la Administración a prejustificar el cumplimiento de la normativa laboral y social. Pero ahora hay que desarrollarla y de ahí la razón de ser del Ivas. Queremos que las administraciones acrediten a personal formado para que pueda certificar el cumplimiento de las normas laborales.