bilbao - El paso del tiempo confirma lo que se suponía: las arcas públicas no recuperarán el dinero que entregaron a los bancos. Desde 2009 el Estado español ha inyectado de forma directa en el sector bancario 51.300 millones de euros, de los que solo ha recuperado 2.700, apenas un 5%. Y en el último año no se ha devuelto casi nada. La mayor parte del dinero perdido, unos 40.000 millones, procede del rescate solicitado por Mariano Rajoy en 2012, que forzó otra vuelta de tuerca a los recortes y cuya devolución sigue pesando en la elaboración de los presupuestos.

El Banco de España dio a conocer ayer los datos actualizados sobre las ayudas recibidas por el sector financiero, que además de las inyecciones directas de capital incluyen avales, más de 110.000 millones que en su mayoría el Estado ya ha recuperado. Además, los propios bancos han contribuido con cerca de 10.000 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos y de la Sareb -el banco malo-, como recuerda el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez, que remarca a DEIA que “no se ha producido un rescate a todo el sector financiero”, sino solo a “algunas cajas de ahorros con problemas”.

En lo que hace referencia a las arcas públicas del Estado español, desde 2009 se han dado a la banca 51.303 millones, de los que cerca de 23.000 han correspondido a Bankia. De esa enorme factura solo se han recuperado de momento 2.686 millones de euros, si bien el Estado aun cuenta a través del FROB -fondo estatal que gestiona la reestructuración de la banca- con las participaciones en Banco Mare Nostrum y Bankia, así como las obligaciones convertibles de Banco Ceiss y Grupo Caja 3. En este sentido, el Banco de España precisa que a la parte que se ha recuperado cabría sumar 1.300 millones obtenidos por la desinversión ya efectuada en Bankia y la previsible amortización de las obligaciones en Caja 3 y Ceiss, que rondan los 1.000 millones. Contando con ello el porcentaje de ayudas devueltas al Estado no alcanzaría el 10%. Se calcula que la banca europea ha devuelto algo más del 40% de los fondos públicos recibidos en la crisis.

Entre lo que se ha recuperado en los últimos años en España se incluyen, entre otras operaciones, 977 millones de Caixabank procedentes de las ayudas recibidas por Banca Cívica antes de la integración, 782 millones de la venta a BBVA de la participación en Catalunya Banc y 712 millones por la venta a Banesco de la participación en NovaCaixaGalicia. Desde la última actualización de los datos realizada hace algo más de un año el Estado únicamente ha ingresado 20 millones.

Por ahora el volumen recuperado es del 5,2%, lo que supone que se han esfumado más de 48.000 millones de euros de las arcas públicas. “Desconocemos cuánto de este dinero puede ser devuelto. Con todo, es deseable que sea la mayor cantidad posible. Y lo antes posible”, señala el portavoz de AEB.

Para hacer frente al agujero en el sector bancario el Gobierno del PP se vio obligado a pedir un rescate financiero a Bruselas en el verano de 2012 que incluía una línea de ayudas de hasta 100.000 millones. Finalmente se utilizaron 40.000 millones, de manera que la pérdida directa de la administración española es de unos 8.000 millones. En todo caso, la ayuda europea no ha sido gratuita y España se ha visto obligada a hacer frente a importantes obligaciones que en última instancia se han traducido en recortes del gasto y de los servicios públicos.

Hay que recordar, además, que España sí está obligada a devolver el dinero al fondo comunitario. En enero el ministro de Economía, Luis De Guindos, explicó que España ha devuelto unos 7.000 millones de los 40.000 que recibió y confirmó la intención del Ejecutivo del PP de pagar toda la factura en el plazo de 10 años. Una carga que añade más presión a los presupuestos, ya de por sí condicionados por los objetivos de reducción del déficit.

En todo caso, desde el sector se sostiene que la asistencia a las entidades en apuros era imprescindible para recuperar la confianza en la economía. “Dejar caer las entidades con problemas hubiera tenido un grave coste para los depositantes y para el conjunto del sistema financiero y de la economía”, afirma Martínez.