El dueño de una gestoría dice que pactó con Bravo para bajar deudas a clientes

Donostia. El tribunal que juzga el caso de las presuntas malversaciones en la oficina de Hacienda de Irun sacó ayer a relucir las presuntas negociaciones mantenidas entre el exjefe de esa delegación tributaria y principal imputado en la causa, José María Bravo, y un asesor fiscal de la ciudad fronteriza, C. H., encaminadas supuestamente a obtener rebajas de deudas de contribuyentes.

Durante la primera sesión del juicio en la que comparecen testigos, el asesor fue inquirido por el presidente del tribunal, Iñaki Subijana, para aclarar su papel en la gestión de deudas tributarias que, como responsables subsidiarios de empresas de las que eran administradores, Hacienda reclamaba a sus clientes en la década de los noventa. A preguntas del magistrado, C. H., copropietario de la asesoría-gestoría Garo, admitió que las quitas se realizan únicamente en el ámbito judicial. La cuestión que más llamó la atención fue que señalara que, en referencia a las deudas que se reclamaban a una empresa que era sucesora de otra, "había que procurar pagar lo menos posible" a Hacienda, una ilegalidad que, aseguró, haría "todo ser humano". En el proceso negociador con Bravo, en el que consiguió rebajas de entre el 35% y el 40%, las obligaciones tributarias quedaban resueltas con la calificación de insolvente.

El fiscal Javier Larraya asegura que Bravo ingresó en las cuentas de la Diputación tres millones de pesetas y se quedó los 7,9 millones restantes para su lucro personal. El Ministerio Público considera probado que dos cheques aportados por la compañía, por una cuantía conjunta de 3,7 millones de pesetas, fueron ingresados por Bravo en una cuenta corriente propia.