Argentina nacionaliza YPF, filial de Repsol

BILBAO. A perro flaco todo le son pulgas. El dicho viene como anillo al dedo a la situación económica por la que atraviesa el Estado español. Mientras la prima de riesgo alcanzaba el máximo desde el ascenso de Mariano Rajoy a la presidencia, el Gobierno argentino de la presidenta Cristina Fernández anunció ayer que daba luz verde a la normativa legal para proceder a la nacionalización de la compañía YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la filial de Repsol en Argentina, mediante la expropiación de un 51% del capital en manos de Repsol.

El Gobierno de Argentina ha remitido al Parlamento una norma en la que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF, según el texto del reglamento leído por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Fernández justificó la expropiación por la falta de inversiones de la filial argentina de Repsol en nuevos pozos, ya que, según sus cálculos, durante 2010 el país sudamericano se vio obligado a importar combustibles por valor de casi 10.000 millones de dólares. Esta normativa permitirá nacionalizar una participación de control en el capital de YPF, cuyos primeros accionistas son Repsol, que posee el 57,43% y el grupo argentino Petersen, titular del 25,46%. Sin embargo, solo se expropiarán acciones de la petrolera española.

Los motivos que alega Cristina Fernández de Kirchner es que bajo la gestión de Repsol, Argentina ha tenido que importar petróleo pagando en divisas que no tiene porque no se invirtió lo suficiente en nuevas exploraciones. Lo que no dice la presidenta -curiosamente la viuda del anterior mandatario argentino Néstor Kirchner defendió en 1992 la ley que privatizaría la petrolera YPF cuando era diputada en el Congreso nacional por la provincia de Santa Cruz- es que los precios intervenidos artificialmente por el Gobierno argentino son mucho más bajos que los internacionales.

Según fuentes argentinas, entre 2003 y 2010 la producción de petróleo en el país bajó un 18% y la de gas un 8%. Se trata de una medida de urgencia que pondrá al frente de la empresa con carácter inmediato, como interventor al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Ayer mismo, el consejero del Gobierno argentino en YPF, Roberto Baratta, procedió a echar de la sede de la empresa en Buenos Aires a los directivos españoles de la compañía, con Antonio Gomis en cabeza, mientras cambiaba la seguridad del edificio.

Reacciones Repsol teme que el precio de expropiación no se corresponda, ni de lejos, con el valor real de YPF, considera la maniobra del gobierno argentino "manifiestamente ilícita" y considera que "incumple los acuerdos de la privatización" pactados con el Gobierno argentino en su momento. Además considera que con esta decisión se violan los principios más elementales de "seguridad jurídica" y señala que recurrirá a todas las medidas legales a su alcance para preservar el valor de "todos sus accionistas" que incluye a casi medio millón de pequeños accionistas individuales españoles que han invertido en Bolsa en acciones de Repsol.

Según el Gobierno español, cuyo gabinete de crisis se reunió ayer de urgencia, la medida anunciada por Kirchner es "arbitraria" y "discriminatoria". Por lo tanto el Ejecutivo Rajoy da por rota la amistad con el Gobierno argentino y anuncia que tomará represalias comerciales y diplomáticas.

El ministro de Industria español José Manuel Soria afirmó que "esperamos que este clarísimo gesto de hostilidad hacia una empresa española no sea el principio de una escalada que solo agravaría la situación", señaló Soria, aunque acto seguido el ministro Margallo recordó que un 32% de los casos pendientes de arbitraje en el comercio internacional "corresponden al actual Gobierno argentino".

Repsol en Euskadi La compañía presidida por Antoni Brufau tiene importantes intereses en Euskadi pues es el primer accionista, con el 86%, el otro 14% es de BBK, de Petronor, titular de la refinería más grande y más moderna del Estado.