Trapagaran. El cierre de Babcock Power está previsto para el 30 de septiembre, pero los cientos de demandas interpuestas desde 2003 por los trabajadores pidiendo la integración dentro de la Sepi -organismo estatal del que dependen las empresas industriales públicas- podrían alargar la pelea de la balco varios años más. Y es que los 140 empleados despedidos el 15 de abril están dispuestos a llevar hasta el final sus demandas en defensa de una garantía de recolocación similar a la de sus compañeros que, al trabajar desde antes de 2001, sí forman parte de la Sepi.

La diferencia entre pertenecer o no a este organismo no es una cuestión menor. A día de hoy, 140 antiguos trabajadores están en el paro con una indemnización de 38 días por año que podrán cobrar solo durante doce meses, resultando los mayores perjudicados por el ERE aprobado en febrero de este año, que preveía la extinción de todos los contratos en vigor entonces -la posterior anulación del expediente de 2004 obligó a la compañía a reincorporar a 255 prejubilados y a aprobar otro ERE de extinción-.

Estos 140 ex-empleados no tienen derecho a una recolocación porque no formaban parte de la plantilla de Babcock cuando la empresa era pública, es decir, desde antes de 2001, por lo que la Sepi no es su responsable y no debe garantizarles un nuevo empleo que compense el cierre de la empresa.

Pero los perjudicados no comparten este criterio de exclusión. "El proceso de privatización que comenzó en 2001 ha sido un fracaso", argumenta su abogado, Luis Carlos Gil Acasuso, que lleva las demandas de integración de la mayoría de estos trabajadores. "El grupo alemán Borsig ya estaba en quiebra cuando entró en Babcock, pero la Sepi no se hace cargo de los empleados que contrataron ellos", lamenta el letrado, que ha peleado en los tribunales los últimos diez años para que se integre a sus clientes "dentro de una misma plantilla". "Aquí hay una única empresa, Babcock Power, dependiente de la Sepi. Estos dos organismos deben responsabilizarse de la situación de todos sus trabajadores", insiste Gil Acasuso, que reconoce que el proceso judicial "va para largo".

En este sentido, algunas de las demandas de integración que se están tramitando ahora tienen su origen en el año 2003. Entonces, dos años después de la privatización, 25 empleados de la filial Babcock Montajes solicitaron a través de una demanda común que se les reconociese como parte de la plantilla de Babcock Borsig -el nombre de la balco bajo tutela alemana- y como parte de la Sepi. Como ellos mismos explican, ocho años después "somos Babcock Power pero no Sepi", resume Octavio Albín, quien, al quedar fuera de la protección del Estado, está en paro desde el 15 de abril. "Ahora toca gastar menos y encontrar trabajo cuanto antes", asume con resignación, aunque asegura que está dispuesto a seguir peleando en los tribunales "hasta el final".

A estas 25 demandas se les unieron otras más adelante. Actualmente, Gil Acasuso lleva la mayor parte de un total de 140 demandas para integrarse en la Sepi, así como una impugnación del ERE presentado en febrero. Teniendo en cuenta los plazos que maneja la Justicia, todo apunta a que estos juicios no se resolverán antes de que la compañía baje la persiana el 30 de septiembre, y surge la duda de qué ocurrirá si el juez da la razón a los trabajadores cuando Babcock Power ya sea historia. "Si ganamos, la Sepi les deberá ofrecer una recolocación o al menos una indemnización similar a la del resto", dice Gil Acasuso, que entiende que, si no existe Babcock, "la Sepi podría dar trabajo en otra de las empresas que maneja".

Traspasar a un trabajador a las dependencias del Estado no sería nada nuevo. El propio Gil Acasuso consiguió la incorporación de siete empleados de la filial Babcock Montajes a Babcock Wilcox y luego a la Sepi en un proceso iniciado en 1998. No obstante, en el largo camino judicial que recorren estos 140 trabajadores habrá un punto de inflexión que será decisivo para posteriores sentencias. A finales de mayo, el Tribunal Supremo deberá resolver los recursos que ha presentado la Sepi, a su vez, contra todas estas demandas. "Si gana la Sepi nos olvidamos de todo, pero si nos dan la razón habremos dado un paso adelante muy importante", explica Gil Acasuso.

el caso de los prejubilados Este mismo abogado mantiene otro frente abierto en Babcock. Se trata del caso de los 255 prejubilados en 2004 que tuvieron que volver a la empresa hace un mes tras la anulación judicial del ERE de aquel año, una anulación por la que ellos mismos habían peleado.

Pero, ante la inviabilidad de la compañía, la dirección presentó un nuevo ERE el mismo día en que les readmitió. Ahora, mientras los sindicatos buscan pactar unas condiciones de salida similares a las de 2004, muchos de estos nuevos empleados, unos 80, siguen yendo a la fábrica a diario y han interpuesto demandas de despido también contra este último ERE. De anularse, la dirección se encontraría con un nuevo problema para proceder a liquidar la compañía. Aunque, también en este caso, se prevé que la lucha judicial vaya para largo.