El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha presentado este martes el Plan Director de Vivienda 2025-2027, que será enviado para su aprobación al Parlamento Vasco tras haber recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno. El proyecto recoge la hoja de ruta del departamento para los próximos tres años con una clara apuesta por la movilización de suelo para la construcción de viviendas en alquiler asequible. El objetivo que se ha marcado el equipo de Itxaso es poner a disposición de la ciudadanía 5.250 alquileres asequibles en este periodo, 7.000 hasta 2028. A este ritmo, se espera alcanzar las 50.000 viviendas protegidas en 2035.
Tras un año de anuncios, el departamento engloba en este documento su estrategia para hacer frente a la "emergencia habitacional". Se apoyará en tres instrumentos fundamentales: una reserva estratégica de suelo para que el Gobierno vasco pueda disponer de terrenos para levantar viviendas; un fondo social de vivienda para movilizar inversión público-privada en la materia y una herramienta que agilice los trámites urbanísticos y reducir así plazos. "Lo que pedimos hoy al Parlamento es que reaccione y que nos ayude a implementar estas medidas con las reformas legales necesarias", explicó Itxaso.
Tal y como adelantó el pasado enero el lehendakari, Imanol Pradales, el Gobierno vasco está ultimando con Eudel un acuerdo para la creación de una gran reserva de suelo público que esté a disposición del Gobierno vasco para la construcción de vivienda protegida en alquiler. Este punto estará incluido en la Ley de Medidas Urgente que también se enviará al Parlamento Vasco próximamente para su debate y posterior aprobación. La idea es modificar la Ley de Suelo de 2006 para imprimir un ritmo más ágil a la construcción de vivienda y tratar de acompasar la demanda con la oferta.
Itxaso no especificó si la idea es reducir el porcentaje de suelo urbano que corresponde a los ayuntamientos, que según el planeamiento es del 15%, y se limitó a hablar de una reserva estratégica de suelo para el Gobierno vasco y para el fondo de colaboración público-privada. "Necesitamos incluir capitales privados, capitales privados que se mantengan en el tiempo y que acepten una moderada retribución", apuntó el consejero. El departamento está en conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial y con inversores vascos "con vocación de permanencia y un firme compromiso social".
Itxaso resumió el plan en tres grandes fundamentos: reformas, recursos y acuerdos. En el primer apartado incluyó tanto la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, que buscará también reducir los plazos de los procesos administrativos, como el decreto con medidas como la conversión de locales comerciales en vivienda o la modificación de los criterios para solicitar la ayuda Gaztelagun o del programa de intermediación Bizigune. Porque la política de vivienda del departamento busca trabajar sobre la oferta –impulsando la construcción y actuando sobre la cuidada construida– y sobre la demanda, ampliando el paraguas de protección social para combatir el sobrecoste de la vivienda.
Por ejemplo, el Gobierno vasco quiere aumentar hasta 30.000 euros los ingresos máximos para acceder a Gaztelagun y que jóvenes que estén pagando una renta mensual de 1.000 euros en una zona tensionada puedan entrar en el programa. Actualmente, solo pueden optar a esta ayuda quienes alquilen una vivienda por menos de 800 euros –675 euros en los municipios más pequeños–, pero la realidad es que los alquileres se acercan más a los 1.000 euros en las capitales. El departamento quiere circunscribir esta modificación a las zonas tensionadas, donde los precios están topados, para que este incremento del tope no sirva para inflar más las rentas. Como novedad, el decreto incluye como posibles destinatarios de Gaztelagun a los menores de 36 años que alquilen una habitación –hasta ahora el requisito es que sea una vivienda–.
"Hemos iniciado la tramitación de un decreto de medidas urgentes que también, como la ley, persigue tocar diferentes palos y en los que uno de nuestros objetivos es mejorar el canon que pagamos a los propietarios para que, sobre todo en zonas tensionadas, se acerque un poquito más a los precios de mercado", explicó hace unas semanas Itxaso. Actualmente, a través de Bizilagun, se paga a los dueños 675 euros.
"Intereses espurios"
El apartado de los recursos incluye el fondo social para la vivienda y en el de los acuerdos, además de las negociaciones con Eudel para la creación de la reserva de suelo, apuesta también por la declaración de zonas tensionadas. "El rasgo diferencial de Euskadi en la aplicación de esta política es que está basada en el acuerdo con los ayuntamientos", señaló y defendió esta herramienta de las críticas que suscita por una supuesta caída de la oferta del alquiler. "Me parece que es muy dañino basarse en informaciones de portales y agencias inmobiliarias que tienen intereses espurios y concretos", criticó.
"Estos datos se basan en el número de anuncios y esto habla de la rotación, no del número de viviendas que están bajo un contrato de alquiler. De hecho, que exista menos rotación significa que hay más estabilidad en los contratos", añadió. De hecho, según Itxaso, las viviendas en alquiler han tenido un incremento anual del 3,36%. Por último, el Gobierno apuesta por la construcción industrializada para agilizar los plazos y reducir el impacto ambiental.
