Donostia. El futuro de la firma guipuzcoana Ramón Vizcaíno pasa ahora por Madrid. La empresa está pendiente de que la Tesorería General de la Seguridad Social dé su visto bueno a una propuesta de aplazamiento de la deuda que la compañía tiene contraída con el instituto público a raíz de los problemas económicos que atraviesa desde hace varios años y que el año pasado estuvieron a punto de provocar el cierre del fabricante de instalaciones de frío industrial.
Según ha podido conocer el periódico de fuentes cercanas a la empresa, la Tesorería General está examinando un informe que su delegación provincial en Gipuzkoa emitió en las últimas semanas de 2010 en la que mostraba su conformidad para alcanzar un convenio con Ramón Vizcaíno en el que la firma de Oiar-tzun se comprometería a satisfacer la deuda pendiente en unos determinados plazos. Así pues, será la central en Madrid de la Tesorería General la que decida en última instancia si acepta el acuerdo con la empresa, algo que podría suceder la próxima semana.
De esa decisión depende que el Gobierno vasco aporte un aval de nueve millones de euros en créditos participativos, una cantidad que se acordó el pasado julio en un convenio que alcanzaron el departamento de Industria -presente como socio en Ramón Vizcaíno a través de los fondos de inversión Ezten y Sustapen-, la Diputación de Gipuzkoa, los accionistas de la familia Vizcaíno, Kutxa y la sociedad inversora estadounidense AIAC (American Industrial Acquistion Corporation). Esta empresa norteamericana se comprometió a tomar las riendas de la compañía y reflotarla si se inyectaba en el negocio una financiación de 22,5 millones de euros.
El departamento de Industria del Gobierno vasco se avino entonces a aportar los citados nueve millones de euros, mientras que la Diputación guipuzcoana concedería también créditos participativos por valor de 4,5 millones, Kutxa -principal acreedora del fabricante- destinaría al proyecto 3,5 millones de euros y AIAC no contribuiría directamente, aunque aseguró que la entidad belga Fortis Bank cedería cinco millones de euros para circulante.
Según las mismas fuentes, la Diputación ya otorgó hace dos meses y medio su parte a través del Plan Anticrisis, dinero que ya ha sido destinado por AIAC -actual gestora de Ramón Vizcaíno- al pago de deudas con proveedores y de salarios. El resto de entidades no ha aportado sus respectivas cantidades y se mantienen a la espera de lo que decida la Seguridad Social. Especialmente es el Gobierno vasco el que, como es preceptivo, exige que la empresa oiartzuarra esté al día en sus obligaciones con el fisco y con la Tesorería General.
Al parecer, Ramón Vizcaíno ha alcanzado sendos acuerdos con la Hacienda foral de Gipuzkoa y con la Agencia Tributaria para pagar las deudas de forma aplazada a lo largo de los próximos años, algo que todavía no ha logrado de forma definitiva de la Seguridad Social.
apuesta en el aire Tanto AIAC como Kutxa habrían manifestado que no facilitarán su parte de financiación si el Gobierno vasco no aporta los nueve millones de euros, e incluso el grupo inversor estadounidense estaría barajando una fecha de finales de este mes como límite para confirmar su compromiso para con el proyecto. Dicho de otro modo, si la Seguridad Social no acepta el convenio de aplazamiento de deuda y por ello el departamento de Industria no concede el aval, AIAC podría pensar en abandonar la empresa, perteneciente a un sector por el que el grupo estadounidense ha apostado fuertemente al adquirir también en los dos últimos años la catalana Cubigel y la navarra Koxka, especializadas en compresores y expositores frigoríficos, respectivamente.
AIAC, con experiencia en reflotar compañías y venderlas una vez saneadas, mostró públicamente el año pasado su disposición a salvar Ramón Vizcaíno, que estuvo a punto de entrar en proceso concursal. El grupo de EE.UU. tiene como reto una empresa con una deuda que ronda los 50 millones de euros y cuya actividad se encuentra actualmente parada. Ramón Vizcaíno no puede dar salida a los pedidos por falta de liquidez, puesto que la Seguridad Social tiene embargadas sus cuentas con los clientes a causa de la deuda que tiene contraída con la Tesorería General, cuya cuantía no ha sido desvelada.
Además, la plantilla de 400 empleados lleva sin cobrar tres pagas -las de noviembre y diciembre y la de Navidad-, con lo que el estado de la histórica empresa sigue siendo complicado, si bien las fuentes consultadas confían en una decisión favorable de la Seguridad Social que ayude a reconducir la situación.
