"No hay ninguna traba jurídica que impida a Euskadi entrar en cualquier federación internacional"

Donostia - ¿Cuándo y para qué se creó la Unión de Federaciones Deportivas Vascas?

-Nació en 2002 con la intención de ser una empresa de servicios para las federaciones vascas. Buscamos que las federaciones destinen su dinero, fundamentalmente, al deporte.

¿Qué servicios ofrecen a las federaciones?

-La gestión y el mantenimiento de las sedes, adaptamos las federaciones a la ley de protección de datos, trabajamos para la igualdad de género en las directivas y también para impulsar a las selecciones vascas. Se les ayuda en la medida que se pueda para que su participación se haga de la mejor manera posible. Y si es para entrar en una federación internacional, les ayudamos con los trámites.

¿Cuál es su postura sobre la oficialidad de las selecciones vascas?

-Yo creo que esto está clarísimo. Que un país sin Estado entre en una federación internacional es factible. En natación, la FINA tiene 15 naciones sin Estado, en atletismo hay 20, el baloncesto tiene 22, la FIFA 21... No hay ninguna traba jurídica que impida a Euskadi entrar en una federación internacional. Otra cosa es que Euskadi participe en los Juegos Olímpicos. Samaranch puso una traba: que solamente pueden participar aquellos países reconocidos por la ONU.

¿Qué otros objetivos buscan?

-Nos hemos planteado aplicar nuevas tecnologías en las federaciones a la hora de hacer licencias, montar una página web, etc. Queremos liberar las federaciones de toda la gestión de contabilidad. También tenemos un bufete de asesoramiento jurídico deportivo para cualquier problema legal y ponemos al servicio de las federaciones una asesoría de prensa y comunicación. Ahora tenemos también el Tribunal Vasco de Arbitraje deportivo. Está formado por gente del deporte y dirime cuestiones entre un jugador y su club o entre un club y su federación. Esto nos supone abaratar los costes y es más ágil. Entre nuestros objetivos también está la lucha contra el dopaje, facilitar el multilingüismo a las federaciones y buscar un seguro que sirva para todas.

El Gobierno español se ha sacado de la manga la licencia única. ¿Cómo les afecta esto?

-Es un proyecto de ley que se aprobó en enero y que no ha nacido del CSD, sino del Ministerio de Hacienda y del de Presidencia. Es un texto con una exposición de motivos muy clara: si se aprobase, los presupuestos generales del Estado tendrían que dar menos dinero al deporte porque las federaciones españolas tendrían otros ingresos. Es una injerencia al Estado de las autonomías porque el Gobierno vasco, y hablo del caso que nos toca a nosotros, tiene atribuida la competencia del deporte. No puede venir una ley superior para regular cosas que tú ya tienes reguladas por tu propio Estatuto de Autonomía o tu Ley del Deporte. La nueva ley dice lo siguiente: para participar en competiciones oficiales (regionales, autonómicas y estatales) se necesita una licencia que la va a emitir la autonomía, en este caso la federación vasca, pero después tendrá que tener una compensación económica para la federación española que será fijada por la propia federación estatal.

¿Cómo se traduce todo eso?

Un ejemplo: Euskadi tiene 4.500 licencias de balonmano. Solo 500 son las que compiten a nivel estatal. La Federación Española, en su asamblea de junio, decía: por participar en competiciones estatales vais a pagar 10 euros por licencia. Se multiplica 500 por diez y se pagan 5.000 euros. Ahora la nueva ley dice que todas las licencias pagarán un canon que marque la federación española. En el caso del balonmano, las 4.500 licencias pagarían. El canon puede ser cero, pero también puede ser diez, por lo que habría que pagar 45.000 euros.

¿La ley prosperará?

Si le añadiésemos la coletilla 'competiciones oficiales de carácter estatal', cambiaría todo. Creo que en este proceso de enmiendas van a ceder y cambiarán ese aspecto. Hay un movimiento en el plano político en el que, por motivos de competencias, es muy factible que se acabe en el Constitucional. Se pedirá una resolución cautelar de no aplicación de la ley hasta que lo decidan y, según los juristas, tiene visos de ganar.