Barcelona. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer reabrir la querella que presentó la extenista Arantxa Sánchez Vicario contra su padre, su hermano Javier, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula Oro, a los que acusa de haberse apropiado de más de 16 millones de su fortuna. Los magistrados revocan el sobreseimiento de la querella que dictó la titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona y le ordena que tome declaración como imputados al padre, al hermano, al abogado y al economista en relación a delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito societario y falsificación documental. La juez consideró que no existían indicios de criminalidad para imputar a las personas querelladas por la extenista y que, en cualquier caso, la competencia para su investigación correspondía a tribunales de Andorra, Luxemburgo y Suiza. La extenista recurrió y la Audiencia no solo le ha dado la razón, sino que reprocha a la instructora que no siguiera "la tramitación adecuada porque abrió diligencias indeterminadas en lugar de las correspondientes previas" y sobreseyó la causa provisionalmente sin hacer ninguna diligencia. El tribunal reprocha a la juez que admitiera la presentación de un escrito firmado por Castellanos "quien aún ni siquiera era parte en el procedimiento, en el que, haciendo uso de su condición profesional de abogado, formulaba alegaciones y aportaba prueba documental solicitando la inadmisión de la querella". Arantxa Sánchez Vicario explica que su padre y Castellanos asumieron todas las decisiones relativas a la administración de las empresas que ellos mismos iban constituyendo y dirigiendo con los poderes notariales otorgados por ella. Sostiene que dada la "lógica confianza" en su progenitor y en el abogado de la familia decidió no implicarse en la gestión empresarial hasta 2005 cuando se encontró "por sorpresa" con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones por liquidación incorrecta de su IRPF.
