El Ayuntamiento de Bermeo y la empresa Ibarretas XXI ponen fin a un conflicto urbanístico que lleva la friolera de 11 años pendiendo como una amenaza para las arcas municipales. Han suscrito un acuerdo, por el que la administración local indemnizará con 1,2 millones de euros a la constructora por un conflicto surgido en las obras de unas VPO en el barrio de San Martín. Respaldado el pacto por el PNV y Guzan, y con la abstención de EH Bildu, el arreglo "evita tener que volver a modificar o demoler parte del edificio y permite poder poner a la venta dichas viviendas, y con ese dinero abonar la indemnización, evitando así la quiebra de Beruala (sociedad pública de renovación urbanística del Consistorio costero), y por ende, del Ayuntamiento de Bermeo". Según resaltaron fuentes municipales, "ni la citada sociedad ni el Ayuntamiento tendrían capacidad económica de asumirla".

El obligado cumplimento de un auto judicial pendía sobre la promoción de 36 viviendas protegidas del barrio de San Martín, dictada por un juez en 2018, "donde se sentencia que Beruala, en el año 2015, momento que demolió parte del tejado y el último piso del bloque de viviendas, no cumplió el proyecto homologado por ambas partes en el juzgado" en 2013, pero que, en un principio, parecía poder dar carpetazo al embrollo judicial. No ha sido así. Con dos opciones en la mesa, Beruala ha optado por emprender la vía de negociar.

No en vano, la primera posibilidad abierta para finiquitar al asunto recogía el cumplimiento de lo dictado en 2013, adaptándolo a las normas urbanísticas bermeotarras, "que supondría la modificación de casi todo el edificio generando un gasto para las arcas municipales de 3,3 millones de euros aproximadamente". Esta era la solución que solicitaba la firma constructora en cumplimiento del auto judicial. La segunda alternativa sobre la mesa, por su parte, significaba modificar el alero sur del edificio, "generando un gasto de más de 700.000 euros", según calculan. Esta última vía fue propuesta por Beruala. En ambas habría además que abonar los costes judiciales pertinentes y los gastos de mantenimiento de la construcción, estipulados en unos 250.000 euros en el segundo caso, "que hacen que incluso en el mejor de los escenarios" la sociedad pública se viera abocada a "desembolsar más de un millón de euros". Desechadas las dos opciones, abrieron un proceso negociador finalmente resuelto: Bermeo debe abonar la indemnización, de 1.249.991 euros, antes de marzo de 2022.

Nada más acceder a la Alcaldía, Aritz Abaroa consideró una prioridad zanjar algunas cuestiones que amenazaban con asfixiar económicamente al Ayuntamiento, como la resolución del caso San Martín o el mantenimiento del ballenero Aita Guria. Ambos asuntos han sido puestos en vías de resolución. "Se abre un nuevo horizonte para la promoción de VPO en Bermeo. 36 nuevas viviendas que saldrán al mercado próximamente y con cuya venta Beruala abonará el importe del acuerdo a Ibarretas XXI S.L.", han señalado desde el Ayuntamiento bermeotarra. Afirman haber solventado el conflicto "de la manera menos gravosa para el interés público" y para "facilitar por fin la venta de los pisos protegidos afectados por el contencioso".

Mercado

Asimismo, el alcalde Abaroa agregó que con este acuerdo no solo "se pone fin a un largo procedimiento civil", sino que "en el marco del acuerdo también está contemplado archivar las demás causas abiertas, tanto administrativas como judiciales, contra esta unidad de ejecución y el propio edificio, e incluso la posibilidad de abrir futuras causas". De la misma forma, la administración local conseguirá sacar próximamente al mercado las 36 viviendas de VPO de San Martín, que no han sido adjudicadas aún.