El Ayuntamiento de Durango ha dado a conocer la lista provisional de solicitudes admitidas, excluidas y pendientes de subsanación en el proceso de adjudicación de 16 viviendas municipales de alquiler social en el barrio de San Fausto, iniciado el pasado mes de febrero.

A partir de esta publicación, se abre un periodo para la aportación de documentación o subsanación de errores. Las personas interesadas podrán realizar estos trámites hasta el próximo 15 de mayo. Una vez finalizado este plazo, se procederá a la publicación de la lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas en el proceso. 

En cuanto a la adjudicación, las viviendas se distribuyen conforme a criterios de necesidad social y fomento de la emancipación. En concreto, se establece un cupo para jóvenes, con un total de 8 viviendas reservadas específicamente para menores de 35 años, mientras que las otras 8 viviendas se reparten en el resto cupos. 

La valoración de las solicitudes se realiza mediante un sistema de baremación que tiene en cuenta los ingresos, el número de personas convivientes, la pertenencia a colectivos con especial necesidad y la antigüedad en el Registro de Solicitantes.

Por su parte, las condiciones económicas recogen que el precio del alquiler está vinculado a los ingresos de las unidades convivenciales, de modo que el coste se ajusta a la capacidad económica de cada hogar.

Las viviendas se ubican en las calles Undatorre nº 8 y Jesús María Pedrosa nº 7 y disponen de uno o dos dormitorios, con superficies de entre 41 y 63 metros cuadrados y capacidad entre 1 y 4 personas. Todas ellas cuentan, además, con trastero o plaza de aparcamiento vinculada.

Asimismo, deberán destinarse a residencia habitual y permanente, con empadronamiento obligatorio, sin posibilidad de uso como segunda residencia ni de cesión o alquiler a terceros sin autorización expresa del Ayuntamiento.

Por último, el régimen contractual prevé una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco años, y un importe que no puede superar el 30 % de los ingresos anuales ponderados de las personas titulares.