Un saharaui en Bizkaia: activismo, exilio y vida sin nacionalidad

El Gobierno españolha excluido a las personas apátridas de la regularización extraordinaria dirigida a inmigrantes en situación administrativa irregular, un colectivo que en El estado está integrado mayoritariamente por población saharaui, que representa en torno al 95% del total. Para analizar la situación de este grupo, DEIA ha contactado con un  activista que actualmente reside en Bizkaia como consecuencia de su activismo en el territorio ocupado por Marruecos. Esta es la historia de Hassan. 

Dice que todavía no domina bien el castellano, aunque en apenas tres meses ha alcanzado un nivel de fluidez notable. Habla con convicción y a lo largo de la conversación repite una idea recurrente: Marruecos mantiene sometido al pueblo saharaui, pero no hay mordaza que silencie el clamor popular: “No vamos a dejar de luchar por nuestros derechos”, asegura Hassan. 

Precisamente, ese activismo en favor de la independencia del Sahara ha precipitado la llegada del joven a Bizkaia. Concretamente, reside en las instalaciones de Martin Etxea, un espacio de acogida para personas migrantes y defensoras de los derechos humanos perseguidas en sus países de origen, situado en Gallarta. 

“Me están ayudando de muchas maneras. Para mí, lo más importante son las actividades que ofrecen. Gracias a ellos, estoy aprendiendo a hablar castellano. Hace tres meses solo sabía decir hola, qué tal… poco más”, señala. A su lado, Borja Allende, secretario de la asociación, detalla que actualmente convive con otras nueve personas procedentes de Colombia, El Salvador, Palestina, Guatemala y la región montañosa del Rif, al norte de Marruecos, todas ellas defensoras de los derechos humanos.

Una patera rumbo a Canarias

El camino que le ha llevado desde El Aaiún —el mayor centro urbano del Sáhara Occidental, bajo control de Marruecos según la posición del movimiento saharaui— hasta la localidad minera no ha estado exento de dificultades. Hassan relata que abandonó la costa norafricana en patera rumbo a las islas Canarias: “Tres días sin comer, sin dormir… Llegué a Lanzarote. Es un viaje terrible”, recuerda.

La alternativa, sostiene, era asumir la posibilidad de ser perseguido y encarcelado por las autoridades marroquíes, una experiencia que dice conocer de cerca, ya que varios miembros de su familia pasaron temporadas en prisión por su activismo. “Muchas personas de mi familia —mi madre, mi abuela…— fueron encarceladas por reclamar un referéndum de autodeterminación”, afirma.

Esto ocurrió en el contexto de la Marcha Verde, la entrada de civiles marroquíes en el entonces Sáhara Español el 6 de noviembre de 1975, en un momento de inestabilidad política en España, con un Franco agonizante. “Para nosotros, es la Marcha Negra, porque significan algo, y el verde se asocia a algo bueno. La ocupación por parte de Marruecos no trajo nada bueno al Sahara”, resume sobre el sentir de sus vecinos. 

Apátridas

Actualmente, la mayor parte del Sáhara Occidental se encuentra bajo control de Marruecos. El Frente Polisario proclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por algunos Estados y que administra la denominada “zona liberada”, una franja escasamente poblada situada al este del muro de defensa marroquí.

Las dotaciones del Frente Polisario trabajan para mejorar las condiciones de habitabilidad en la zona bajo su control, con el objetivo de facilitar el regreso de parte de los más de 170.000 saharauis que viven en los campos de refugiados de Tinduf, en territorio argelino. Según indica Hassan, este colectivo se encuentra entre los excluidos de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español debido a su condición de apátridas.

“Al parecer, en un primer borrador sí estaban incluidos, pero España ha cedido a presiones del Gobierno marroquí y han quedado fuera los apátridas, que son mayoritariamente saharauis”, afirma Borja Allende, secretario de Martin Etxea.

En la misma línea, explica que el procedimiento de reconocimiento de la apatridia es largo y complejo. Las personas que lo solicitan no tienen derecho automático a trabajar y se enfrentan a múltiples limitaciones administrativas durante el proceso. En algunos casos, la solicitud es denegada, lo que deja a los afectados nuevamente en situación irregular. “Básicamente, se condena a la gente a pasar años de trámites sin saber qué va a ocurrir, si finalmente serán reconocidos o no”, sostiene.

Intereses económicos en el Sahara

Hassan, por su lado, no baraja la posibilidad de regresar a El Aaiún, al menos en el corto plazo. Su objetivo es quedarse en Bizkaia, desde donde pretende seguir trabajando en favor del movimiento saharaui. 

Sobre la sociedad que le acoge, destaca un tejido asociativo con “relaciones muy estrechas” con el Sahara. “Vine al País Vasco porque hay muchas personas que conocen la historia de mi país. Existe además un tejido asociativo con una relación muy estrecha con mi pueblo. Por ejemplo, personal de la Fundación Mundubat –gestora del proyecto de Martin Etxea– trabaja activamente en el campamento de refugiados”, remarca. 

En lo referente al Estado español, critica su falta de responsabilidad con la situación del pueblo saharaui y sostiene que su posición responde también a intereses económicos. “Extraen materias primas: gas natural, pescado… Eso es lo que pasa cuando la política se supedita al dinero”, lamenta.

El documental Ocupación S.A., de Laura Daudén y Sebastián Ruiz Cabrera, disponible en la web de la Fundación, refuerza esta visión. El trabajo recoge casos de empresas españolas con intereses económicos en el Sáhara Occidental, vinculados a sectores como la extracción de arena, el comercio de armamento o la explotación pesquera.