“No nos consta ninguna irregularidad. En lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad. El expediente de San Nicolás 11 ha sido tramitado correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios”. Así reaccionó este miércoles la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ante el registro policial efectuado en dependencias municipales de Urbanismo y Administración. Agentes de la Ertzaintza entraron por la mañana en el edificio de Santa Clara y en el propio consistorio por una orden judicial en el marco de las indagaciones por el palacete derribado en agosto de 2024.
La sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo investiga, entre otros aspectos, si en las autorizaciones de esa obra se pudo cometer un presunto delito de prevaricación, que implicaría que funcionarios o políticos hubieran adoptado decisiones a sabiendas de su ilegalidad. Por eso, la Ertzaintza se personó en oficinas del ayuntamiento y requisó documentación relativa a este proyecto. Fue hacia las 13.00 horas cuando tres agentes sacaron varias cajas que transportaron caminando hasta la comisaría de la Ertzaintza, a pocos metros de estas sedes municipales inspeccionadas. “Desde el primer momento, el Ayuntamiento está prestando colaboración plena y activa con las autoridades judiciales y policiales, facilitando el acceso a la información y documentación requerida para el desarrollo de las diligencias”, señaló la institución getxoztarra en una nota de prensa, donde, a su vez, la primera edil insistía en el proceder correcto desde el inicio. “Cuando la promotora derribó parte del edificio sin el permiso correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez y con firmeza, se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa. Es decir, cuando se detecta un incumplimiento, se actúa. Y si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia”, aseveró Agirre.
SECRETO DE SUMARIO
El caso está en fase de instrucción, por lo tanto, y se encuentra bajo secreto de sumario. Además, tras los acontecimientos de este miércoles, las declaraciones en sala previstas para hoy se han trasladado al 25 de febrero. Están citados como imputados el administrador de la gestora de la cooperativa, el responsable de la constructora, el arquitecto redactor del proyecto y otro profesional que participó en él. Además, testificarán un empresario que descartó previamente la construcción de estas viviendas por no ser un objetivo viable económicamente y un técnico que se encargó de la Inspección Técnica del Edificio (ITE). El PP local ejerce de acusación popular, mientras que fue EH Bildu el que acudió a la Fiscalía a interponer la denuncia que ha iniciado este proceso que analiza si se ha incurrido en ilícito-penal. La formación abertzale aseguraba ayer que la imagen de la Ertzaintza en dependencias municipales es algo que “la ciudadanía de Getxo no merece”. La agrupación confía “en que las actuaciones judiciales permitan esclarecer lo ocurrido y depurar todas las responsabilidades”. El socio de gobierno, el PSE, también mostró su inquietud. “Nos preocupa que Getxo vuelva a situarse en el foco mediático por una noticia negativa, lo que hace que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones”, comentó la portavoz, Carmen Díaz.
