“No vamos a poner límites a la llegada de menores extranjeros pero hay gobiernos que rehuyen sus responsabilidades”

En el pleno de política general planteó un nuevo sistema de acogida y protección para los menores extranjeros. ¿A qué se refería?

Apelé a todas las instituciones que tenemos algo que decir a una reflexión a actuar y a colaborar. A pesar de haber habilitado más recursos y de esas cuotas de reubicación acordadas por el Gobierno español, en Bizkaia seguimos en una situación de excepcionalidad. No puede ser que nosotros tengamos ese tensionamiento y otras comunidades autónomas estén de brazos cruzados o mirando hacia otro lado como si este problema no fuera con ellos. 

Denunció también la existencia de mafias organizadas.

Y de personas de mayores de edad que se hacen pasar por menores, un fraude que perjudica la protección que debemos dar a estos. No son cuestiones que pueda arreglar esta Diputación e inciden directamente en el funcionamiento de nuestro sistema de acogida. Hay muchas entidades implicadas: Gobierno español, autonómico, Ministerio Fiscal, judicatura… Tenemos que colaborar y actuar entre todos.

¿Cuántos casos han detectado?

Se ha trabajado con las instancias correspondientes, con la policía. No podemos ponernos una venda pero ahondar en determinadas cuestiones puede generar una alarma que no queremos. Hay elementos que debemos tratar con la responsabilidad y la diligencia que exigen.

¿Se han denunciado?

Las hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la policía. Hay personas que vienen con una documentación falsa; eso requiere de un procedimiento judicial y realizar pruebas de edad que no se están realizando con la celeridad debida. 

¿Pero hace falta cambiar el sistema de acogida de Bizkaia?

Creo que es adecuado y ha ido evolucionando conforme a las necesidades pero la migración es un fenómeno que no existía cuando se diseñó y hoy en día nos está dando de lleno. Con estos flujos migratorios otras instituciones también tienen que actuar y poner más recursos; no podemos ser prácticamente el único territorio que estemos en esta situación y sin visos de que se normalice en un plazo razonable.

Apeló, en concreto, a la policía, la Fiscalía y la judicatura. ¿Qué espera de estas instituciones?

Que tomen conciencia de lo que tenemos que hacer y una colaboración sincera y efectiva. 

¿No es suficiente el trabajo que están haciendo por su parte?

Hace falta una mayor implicación y poner medios para poner fin a cuestiones que son evidentes, por el bien de los propios menores. 

Bizkaia atiende a 560 cuando por los ratios del Gobierno español le corresponderían 370. ¿Cómo se puede reducir esa cifra?

Somos el último eslabón de una larga cadena, con vocación de ofrecerles un proyecto socioeducativo; no podemos ni queremos poner ningún límite. Pero otros gobiernos, comunidades e instancias tienen que tomar cartas en el asunto porque Bizkaia no puede seguir así de forma indefinida. Nunca vamos a hablar de que nadie sobra, jamás, pero apelamos a la corresponsabilidad de otros que todavía rehuyen. Hay comunidades que no quieren que se aborde este debate y no asumen sus responsabilidades, intentando buscar subterfugios jurídicos para no cumplir con lo que les toca.

¿Las políticas de inmigración que reclama el Gobierno vasco harían más sencilla esta gestión?

Reivindicar que Euskadi sea reconocida como frontera norte va en la misma línea. El abordaje integral de la inmigración requiere de más aportación, implicación y fondos por parte del Gobierno de España. 

¿Existe un efecto llamada porque aquí se presta una buena acogida?

Esta Diputación trabaja por la no estigmatización de estas personas: si queremos alejarlos de la delincuencia y la marginalidad, si queremos una Bizkaia cohesionada, hay que ofrecerles alternativas. La vía que estamos llevando a cabo es la adecuada: lo que pedimos es que otros nos copien el modelo, se pongan las pilas y actúen.

“No digo que el Guggenheim Urdaibai sea inviable pero hay elementos que lo dificultan en el medio plazo”

¿Confía en ver el Guggenheim Urdaibai siendo diputada general?

Desde el primer momento advertí de la complejidad de este proyecto y de que el primer requisito es su viabilidad. Lo esencial es saber si es viable o no, y decidir luego si tiramos o no tiramos adelante. Hemos dado pasos pero han surgido elementos, como el contencioso sobre la resolución de la Dirección de Costas, que generan incertidumbre. No decimos que el proyecto sea inviable pero sí que hay condicionantes que dificultan que pueda realizarse en el corto y medio plazo. Unido al proceso de escucha, será lo que se trasladará a la mesa del Patronato; allí cada institución llevará su opinión al respecto.

Será una decisión conjunta pero, ¿qué postura va a defender usted?

Requiere un análisis en conjunto. No me voy a aventurar hasta no tener todos los elementos bien detallados encima de la mesa y ver el resultado del proceso de escucha al que nos hemos comprometido.

¿Qué van a hacer con esa oposición en la comarca hacia el proyecto?

También hay personas favorables. Si algo demuestran las narrativas recogidas es que este debate no se resuelve con un sí o un no: hay personas que son contrarias pero lo considerarían de otro modo, quien está a favor pero quiere que se garantice que no se perturben algunos elementos en el entorno...

¿Qué es corto y medio plazo? ¿De qué tramos temporales hablamos?

No sabemos cuándo se van a resolver los procedimientos contenciosos en la Audiencia Nacional, que podrían tener recurso ante el Supremo, y son determinantes para la disposición de la parcela de Murueta. Los trabajos de la descontaminación de la parcela de Dalia y el acuífero son más complicados de lo previsto. No me atrevo a decir un plazo pero los descarto en el corto y medio.

El periodo de reflexión finaliza en noviembre. ¿Cuándo se reunirá el Patronato para tomar una decisión?

Es habitual que nos reunamos a final de año; veremos qué se aborda en ese orden del día.

¿Qué alternativas existen? ¿Será un sí o un no? ¿Caben modificaciones?

Es pronto para analizar esas hipótesis. También la propia visión del museo es importante. Y la viabilidad a corto o medio plazo es un elemento desde luego trascendental. 

¿Cabe otra ubicación, por ejemplo, que no sea Murueta?

Entramos en hipótesis: el proyecto es el que es, una ampliación en discontinuidad, dos sedes unidas por una senda. No me corresponde adelantarme a ninguna conjetura.

¿Por qué es prioritario el soterramiento de Zorrotza en la línea 4?

Queremos un transporte por ferrocarril adecuado para Enkarterri y con frecuencias metro a partir de Alonsotegi, pero para ello no puede existir la barrera que sube y baja en Zorrotza. De ahí la relevancia de que el Ministerio actúe de una vez. No podemos permitir que se prolongue en el tiempo.

¿Cuándo van a llegar los nuevos vagones del metro? 

Como territorio, no podemos dejar que esa joya funcione mal. Estamos hablando también de señalética, de la posibilidad de tener trenes completamente automatizados, de mejorar frecuencias… Es una inversión muy importante. Estamos trabajando ya para ver si para final de este año podemos tener la licitación; a ver si durante esta legislatura podemos ver algún vagón.

“Demandamos servicios pero luego, como las líneas nocturnas de Bizkaibus, no los respetamos”

¿Cuál es su opinión sobre la posible supresión de los servicios nocturnos de Bizkaibus?

Aunque son servicios puntuales no me gustaría llegar a ese extremo. Nuestro deber como institución es garantizar la seguridad de los conductores, que están realizando su trabajo, y los pasajeros. 

¿Cómo? ¿Sería necesario, por ejemplo, establecer vigilancia privada, como en el metro?

Necesitamos hacer una reflexión como sociedad porque demandamos servicios pero luego no los respetamos. Las determinaciones necesarias se tomarán en la mesa para la seguridad de los conductores, de la mano de los trabajadores. La colaboración con la Ertzaintza también es importante. 

¿Saben ya qué departamentos se llevarán a la sede de La Casilla?

Estamos hablando con el Ayuntamiento de Bilbao para saber de qué espacio vamos a poder disponer finalmente y, en función de esos metros cuadrados, se determinarán cuáles serán. Es un paso muy importante en gestionar los recursos de todos con eficiencia: supondría un ahorro de tres millones de euros al año.

¿Para cuándo se podría estrenar?

No creo que vayamos a poder verlo esta legislatura.

¿Cómo será?

Todavía no tenemos ningún dibujo. Pero va a ser una operación de regeneración urbana muy importante para La Casilla y para Rekalde.

¿Cuántas plantas se plantean ampliar en la Torre BAT?

Ese modelo, ese semillero de las empresas del futuro de Bizkaia es un ejemplo de éxito: estamos ya prácticamente en un 80% de ocupación de la segunda fase. Estamos analizando cuáles pueden ser las necesidades.

“Al otro lado del mostrador hay ciudadanos cuyos derechos lingüísticos tenemos que garantizar”

¿Qué plazos barajan? 

No es una necesidad urgente: tenemos peticiones de empresas que quieren instalarse ahí pero no se ha tenido que decir que no a ninguna.

¿Hace falta blindar el euskera en las instituciones?

Se trata de garantizar los derechos que tienen las personas que quieren hablar en euskera, que es una lengua oficial, como el castellano, en Euskadi. Se habla de exigencias hacia las personas que van a entrar a trabajar en la Administración Pública, pero olvidamos que en la otra parte del mostrador hay ciudadanos cuyos derechos tenemos que garantizar. Los jueces, en unas interpretaciones no ajustadas y sin aplicar la normativa vigente, han resquebrajado el consenso que existía desde 1982. Si esas normas se interpretan en contra del espíritu con el que fueron acordadas es momento de modificarlas.

¿Confía en que salga adelante en el Parlamento vasco?

Ese blindaje es necesario.