En funciones en el cargo desde el pasado mes de diciembre, cuando expiró su periodo al frente de la Audiencia de Bizkaia, la magistrada Reyes Goenaga Olaizola continuará al frente de la Audiencia Provincial de Bizkaia, después de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordara ayer, por unanimidad, su nombramiento para un segundo y último mandato de cinco años.
Goenaga era la única candidata que se había presentado en esta ocasión para ocupar la presidencia, a la que llegó por primera vez en 2019 y en la que se encontraba en funciones desde diciembre de 2024.
Nacida en Donostia, la presidenta de la Audiencia vizcaina estudió la carrera de Derecho en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en el campus de Gipuzkoa, e ingresó en la carrera judicial por oposición en 1988 y tuvo como primer destino los juzgados de Gernika. Tras su ascenso a magistrada –en octubre de 1990– ejerció en juzgados de lo Penal y de Civil de Bilbao y en 2000 accedió a la Audiencia Provincial de Bizkaia, cuya Sección Primera preside además desde 2009.
Entre 2005 y 2009 ocupó la jefatura de sección en el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), donde participó en la definición y gestión de los entornos web del poder judicial. Ha participado en numerosas actividades de formación de la carrera judicial, tanto como directora de cursos como ponente.
El nombramiento de Reyes Goenaga como máxima autoridad de la Audiencia de Bizkaia significará, además, la última ocasión en que podrá ocupará ese cargo. En la anterior convocatoria, la de 2019, el proceso de elección fue algo distinto ya que el magistrado Edmundo Rodríguez también presentó su candidatura. El resultado de aquella votación fue de 16 votos para ella y cinco para la otra parte.
La Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece en su artículo 337 que los presidentes “de las Audiencias Provinciales serán nombrados por un periodo de cinco años renovable por un único mandato de otros cinco años”, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los magistrados que lo soliciten, “de entre los que lleven diez años de servicios en la carrera”.
