EN los quince años que lleva trabajando con personas mayores la neuropsicóloga Ainara Castaños ha visto de todo, desde “cuidadores de 80 años con mil enfermedades y un nivel de estrés continuo, que tienen un gran sentimiento de culpa y están peor que la persona a la que cuidan”, hasta “rupturas de relaciones entre hermanos” o matrimonios afectados. Son algunas de las secuelas de asumir, a toda costa, los cuidados de las personas mayores, que se complican cuando estas rechazan cualquier tipo de ayuda en casa o el ingreso en una residencia. “No se puede obligar a nadie a estar en un centro”, avanza la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia, Elixabete Domínguez, quien explica qué se puede hacer en estos casos.
Abandonar el hogar “que ha sido su vida durante 40 o 50 años” supone para las personas mayores “un cambio muy importante” al que acompañan varios miedos, como “qué será de mi casa o si mis hijos irán a visitarme” a la residencia. La realidad, explica Elixabete, es que “las familias que han estado unidas se siguen preocupando muchísimo, van todo lo que pueden a verles y el tiempo ahora es de más calidad porque le quitan la carga del cuidado”. Cuando ya existe “un conflicto previo”, avisa, “ir a una residencia no va a hacer que aminore. A veces intentamos trabajar para que esa relación se pueda reconstruir, pero no siempre es más viable”, reconoce.
Una residencia de Ortuella sancionada por dejar desatendidos toda una noche a sus usuarios, otro centro cerrado en Bilbao por no mantener la temperatura adecuada... Casos como estos, detectados el año pasado, “son muy puntuales” en Bizkaia, donde hay “casi 200 centros residenciales activos” y se realizan “muchas inspecciones”, tranquiliza la presidenta del Colegio de Trabajo Social, quien añade que “la legislación vigente establece unos mínimos de calidad y seguridad que son bastante más elevados que en otras comunidades autónomas”. No obstante, las miles de muertes de residentes desatendidos en Madrid durante la pandemia de covid no se olvidan. “La mala prensa ha hecho mucho daño al sector, pero en Bizkaia no tenemos nada que temer, nuestro sistema residencial es muy bueno”, recalca y enmarca “el recelo” que pueda haber en el “desconocimiento”.
Pese a todo, hay personas que rechazan de plano ingresar en uno de estos centros y, si tienen “las habilidades cognitivas preservadas”, no se les puede forzar. “Además, Fiscalía está muy pendiente de este tipo de casos y suele venir a los centros a ver si las personas están a favor de estar aquí o están en contra de su voluntad”, explica Elixabete.
Lo cierto es que muchas personas se ven abocadas a mudarse a una residencia sin quererlo, pero “la adaptación termina siendo positiva en la gran mayoría de los casos y en los que no lo es se buscan alternativas”, afirma. Lo mismo ocurre, dice, cuando se hace una valoración de dependencia en el domicilio. “Si la persona no quiere, no se le obliga a ir a un centro. Se le cuentan los pros y los contras y las alternativas que hay y, al cabo del tiempo, son ellas las que se dan cuenta de que quieren ir por no ser una carga para sus familiares, porque no encajan con las cuidadoras que tienen internas o porque una vecina ha ido y al final se autoconvencen, pero realmente a nadie se le tiene en contra de su voluntad en los centros”, reitera.
Negativa a contratar cuidadores
Como paso previo a la residencia, muchas personas proponen a sus padres contratar a cuidadores o solicitar la ayuda a domicilio, pero convencerles no suele ser fácil porque “cuesta muchísimo” darse cuenta de las limitaciones que acarrea la edad. “A veces la persona lo que siente es: Yo no soy una inútil, me valgo por mí misma. Entonces, que venga una persona y te enfrente directamente y te diga: Ama, es que no puedes limpiar, cuando esa persona igual ha sido ama de casa toda su vida, es una situación muy difícil”, expone.
Por ello, recomienda tratar el tema “con el mayor mimo posible”, centrándose en los aspectos positivos y “quitándole un poco de hierro: Ama, no es que tú no sepas hacerlo, pero ahora que te lo puedes permitir... o Qué bien que te van a poner a alguien que te ayude y tú le puedes enseñar, que igual ella no sabe. Darle un poco la vuelta”. El dinero, apunta, también es “un hándicap” porque es una generación “muy acostumbrada a ahorrar y los recursos tienen un coste. Eso les influye mucho: ¿Pero cómo puede costar 20 euros la hora de una persona que me venga a ayudar a casa? Una residencia, 3.000 euros, es un dineral. Hay que tratarlo con mano izquierda para poderles convencer: Tenemos un dinerito, no va a costar tanto...”.
Si nada funciona, aconseja dirigirse a los servicios sociales de cada ayuntamiento, donde “las trabajadoras sociales orientan a estas familias que llegan en una situación de desborde” sobre los recursos existentes. “Hay un servicio de Zainduz para apoyo a las personas cuidadoras donde les dan respaldo y les enseñan habilidades y estrategias para que puedan desenvolverse con sus familiares, llegar a convencerles de determinados apoyos y luego ir facilitándoles desde una teleasistencia o un servicio de ayuda a domicilio a un centro de día. Hay muchos pasos intermedios antes de llegar a un servicio residencial”, subraya.
Por negarse, hay quien se niega incluso a ir al ambulatorio. “Puede que se alargue más en el tiempo, pero al final, con todas las herramientas que nos facilitan, siempre suele haber una primera valoración de dependencia, que es una visita de la trabajadora social y un médico al domicilio para ver las circunstancias en las que están. Muchas veces respaldan las decisiones familiares y ellos reciben mejor los consejos de personas externas: Necesitarías este apoyo porque ahora estás muy sola. Eso suele pasar, pero hay que conseguir llevarles al médico”, dice.
Si todo lo anterior falla, aún queda otra puerta a la que llamar. “Mientras las personas puedan, tienen que ser ellas mismas las que tomen las decisiones, pero cuando la cosa se tuerce mucho, es irreconducible y la persona está poniendo en riesgo su vida, se notifica a la Fiscalía la situación para que dicte una medida de apoyo y se puedan tomar acciones que igual no sean tan respetadas o decididas por la propia persona, sino por el familiar”, señala Elixabete, quien apunta que se recurre a esta vía cuando, por ejemplo, “tienen una enfermedad mental y se ponen en riesgo o hacen mal uso de sus recursos económicos”. En caso de que la persona mayor no tenga familia, concluye, “hay un departamento de la Diputación que asigna un guardador de hecho y les apoya”.