El inicio de los trabajos previos del proyecto de interconexión eléctrica entre Gatika y Francia ha puesto en alerta a algunos vecinos y vecinas de Gatika, y al propio Ayuntamiento, que han denunciado que la empresa Red Eléctrica de España no cuenta con las autorizaciones municipales pertinentes para el uso de un camino público, conocido popularmente como Kampogane, y que va desde la subestación eléctrica hasta la bajada del campo de fútbol, por lo que se ha procedido a su paralización. No obstante, con lo que sí cuenta la empresa desde hace un año es con una autorización previa del Gobierno español para acondicionar la zona. “En este momento no poseen ningún permiso para actuar sobre el uso de este camino público. Disponen de una licencia previa otorgada por el Gobierno central que, se supone, les facilita las cosas, pero han iniciado los trabajos sin tener conocimiento el Ayuntamiento. Al parecer, consideraban el camino como propio al haber comprado los terrenos colindantes, pero es público”, explica el alcalde de Gatika, Mikel Larrazabal.
Ante esta situación, recientemente la plataforma Interkonexio elektrikorik ez! organizó una charla en Gatika sobre el avance del proyecto a cargo de Álvaro Campos, profesor de la UPV/EHU y experto en energía. En este sentido, Campos destaca la evolución del proyecto desde su presentación a la ciudadanía en 2017 y subraya el incremento presupuestario que ha sufrido. “Inicialmente fueron 1.750 millones de euros y ahora la inversión ronda los 3.100 millones –2.850 millones de euros con un margen de riesgo de 250 millones, según Inelfe–. Además, cuenta con una subvención de 578 millones del programa europeo Connecting Europe Facility”, apunta. “¿Por qué este proyecto entre dos estados recibe una subvención que es casi un tercio de la inversión inicial cuando para otros similares las ayudas son de un 5 ó 10%?”, cuestiona. Y prosigue. “Realmente, ¿quién sale beneficiado? Dicen que va a bajar el precio de la luz, lo cual es cierto, pero va a bajar el precio promedio del megavatio-hora para los consumidores europeos, pero en el caso de España, al aumentar su infraestructura de producción con Europa subirá el número de compradores y el precio para los consumidores españoles, y bajará para los europeos”, indica. “Hay que ver cómo se redistribuye esa bajada de precios y, sobre todo, quién lo paga, pero el reparto del coste-beneficio es injusto, por no hablar de los impactos en el territorio”, prosigue.
Asimismo, asegura que la situación ha cambiado desde 2017 debido al “boom de renovables en España desde 2022”. “Ahora quien se beneficia de la energía que exporta España es Europa”, señala al tiempo que cuestiona el nuevo trazado tras desechar la idea inicial de perforar bajo el cañón de Capbreton. “Va por el mar, pero cuando llega a Capbreton sale por tierra, rodea tres pueblos en Francia y vuelve al mar. Es una chapuza. Si en un primer momento se hubiera planteado así, no se habría aprobado”, concluye.
