Elixabete Etxanobe ofreció ayer martes datos y valoraciones con el propósito de despejar las “dudas” que Elkarrekin Bizkaia mostraba sobre la aplicación del Reglamento aprobado por la Diputación Foral para la incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en el procedimiento de contratación de la institución foral. Ninguna, ni una sola empresa que haya contratado con la institución foral, ha desoído los criterios reflejados en los pliegos de condiciones por lo que no ha sido necesario actuar de oficio e imponer sanciones ni anular los convenios firmados ni prohibir la contratación con ninguna empresa por este motivo.
Así lo resumió la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, en una comparecencia solicitada por Elkarrekin Bizkaia para conocer “cómo utiliza la Diputación las cláusulas sociales y medioambientales que recoge en los contratos públicos”. Tras destacar que la Diputación Foral de Bizkaia fue “pionera” en la aplicación de este tipo de cláusulas, con la aprobación de un reglamento específico en el año 2017, Etxanobe aseguró que “hasta el día de hoy no se han incumplido las cláusulas sociales incorporadas en ninguno de los contratos con la Diputación de Bizkaia”, por lo que no ha habido sanciones ni resoluciones de contratos o prohibición de contratar con alguna empresa.
No obstante, los representantes de Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu Israel Escalante y Arantza Urkaregi, respectivamente, insistieron en expresar sus dudas y su extrañeza ante la inexistencia de incumplimientos de estas cláusulas, aunque Etxanobe defendió el trabajo de seguimiento y control que realiza la institución foral e insistió en que “afortunadamente” no se ha “detectado ningún incumplimiento”.
En cuanto a los convenios, Etxanobe afirmó también que “ninguna de las subvenciones adjudicadas por los diferentes departamentos de la Diputación a lo largo de esta legislatura ha sido objeto de resolución o devolución de importe por incumplimiento de las cláusulas sociales”.
Más de 400 expedientes
La responsable de Administración Pública y Relaciones Institucionales apuntó que la Diputación Foral de Bizkaia hace un balance “muy satisfactorio” con las cláusulas sociales y medioambientales, tras haber incluido esta legislatura un total de 5.664 cláusulas de este tipo en 407 expedientes. “Una media de 14 cláusulas por contrato, garantizando así una contratación pública responsable, que es el objetivo”, añadió.
En este sentido, Etxanobe sostuvo que la Diputación tiene el “firme propósito” de seguir utilizando estas cláusulas, entre cuyos objetivos figura fomentar el empleo de personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos, entre otros. Etxanobe destacó la intención de la institución foral de “continuar mejorando” en esta materia y avanzó que el servicio foral de contratación está elaborando una nueva guía práctica, actualizada, para la incorporación de estas cláusulas.
Así las cosas, manifestó que es personal propio de la Diputación Foral de Bizkaia el que se encarga de la supervisión de los contratos y que “no ha habido ni hay ninguna empresa externa con la que se mantenga una relación contractual para la coordinación y evaluación del cumplimiento de las cláusulas sociales”. Para esta labor, la Diputación creó una nueva sección de gestión y seguimiento de los contratos públicos.
La oposición
Evaluación continua. El juntero de Elkarrekin Bizkaia Israel Escalante mostró sus dudas sobre si la Diputación utiliza las cláusulas sociales con todo su potencial y por la falta de penalizaciones, ya que, según declaró, a su grupo político le “constan incumplimientos por parte de contratas o subcontratas”. Por su parte, la apoderada de EH Bildu, Arantza Urkaregi, manifestó durante su intervención que no duda sobre la inclusión de las cláusulas en los contratos, pero tiene “más dudas” sobre el cumplimiento “efectivo” de las mismas. Así, tras expresar su extrañeza por la falta de incumplimientos, Urkaregi requirió a la Diputación que garantice una “evaluación continua”.
