La moción registrada conjuntamente entre los grupos municipales de EAJ-PNV y PSE de Galdakao para aclarar cuestiones relacionadas con el Catálogo de Patrimonio Cultural del municipio no será, finalmente, tratada en el pleno de este mes de febrero que se celebrará el próximo jueves. Las dos formaciones que habían presentado una iniciativa encaminada a abrir “vías de diálogo y entendimiento y propuesta de soluciones a la situación de los vecinos de Olabarrieta y Tximelarre” calificaron ayer la decisión del alcalde de no incluir el tema en el orden del día como un “gesto impropio de quien dice defender la transparencia”.
Jeltzales y socialistas insistieron en que el propósito de la moción era “llevar a debate en el próximo pleno soluciones para solventar la situación de las vecinas y vecinos de los barrios afectados por su inclusión en un catálogo de patrimonio realizado unilateralmente por este equipo de Gobierno y sin información previa a todas las partes”. Respecto a su retirada del orden del día, explicaron que “se ha escudado en las formas para evitar que se aborde el fondo de la cuestión, como es la preocupación vecinal ante el despropósito del catálogo patrimonial” por lo que tanto EAJ-PNV como PSE manifestaron ayer, también de manera conjunta, su “protesta ante esta actitud en la medida que hurta a la ciudadanía de un debate abierto”.
La presentación de la iniciativa por parte de estas dos fuerzas políticas de oposición coincidió, prácticamente en el tiempo, con el anuncio del equipo de gobierno de su decisión de iniciar los trámites para suspender la aprobación inicial del catálogo, aprobada en el pleno de diciembre, y comenzar un nuevo proceso de información. A pesar del paso dado por el ejecutivo liderado por EH Bildu en coalición con Auzoak, Usansolo Herria y Podemos, tanto jeltzales como socialistas consideran que sigue siendo el momento de debatir y aclarar cuestiones sobre este asunto. De hecho, en su iniciativa solicitaban, además de paralizar la tramitación del catálogo, “buscar la fórmula para que los vecinos afectados tengan voz en el proceso, información técnica objetiva y tengan poder de decisión en la solución consensuada, una fórmula que deberá incorporar al conjunto de los vecinos y vecinas afectadas y evitando el uso exclusivo de herramientas que ahonden en la brecha digital”.
EAJ-PNV y PSE también pedían un análisis de “las alternativas existentes para la protección de los barrios residenciales afectados por el catálogo, como es el caso de la utilización del PGOU, y plantear la posibilidad de excluir a las viviendas residenciales cuyos propietarios así lo soliciten”, así como un informe de los servicios jurídicos sobre “un posible conflicto de intereses que pueda subyacer en la participación de ediles del equipo de gobierno en el procedimiento”.
