A través de un comunicado, EAJ-PNV de Galdakao expresó su “más profundo malestar por la imposición del equipo de gobierno de EH Bildu, Auzoak, Usansolo Herria y Podemos a los vecinos de Olabarrieta de formar parte de un Catálogo de Patrimonio elaborado sin la participación ni información previa a todas las personas afectadas”. Según la formación jeltzale, las 120 viviendas que conforman el conocido como Poblado de Firestone han sido incluidas “forzosamente” en un documento “del que, ni siquiera, en el trabajo necesario para su elaboración la parte técnica del Ayuntamiento ha tomado prácticamente parte, ya que el equipo de gobierno, liderado por EH Bildu, contrató para su gestión y elaboración personal externo” y obviando “que el propio Plan General de Ordenación Urbana ya dispone de herramientas de protección del patrimonio del municipio, un PGOU, por cierto, de cuya renovación y modificación tampoco sabemos nada”. La portavoz jeltzale en el Consistorio, Ainhoa Agirregoikoa, afirmó, al respecto, que “para proteger nuestro patrimonio, lo cual es objetivo compartido también por EAJ-PNV, no hace falta someter a todo un barrio a un procedimiento administrativo tan complejo como el que sugiere el alcalde de EH Bildu, limitando su libertad de movimientos como propietarios”.

Tras los últimos acontecimientos y la oposición que la iniciativa ha generado en muchos de los residentes, EAJ-PNV se suma “a la petición que hace el barrio de Olabarrieta, con más de 600 firmas que fueron entregadas al alcalde, de paralizar definitivamente el procedimiento y abrir vías de entendimiento y diálogo con todas las vecinas y vecinos para lograr el consenso en un asunto impulsado unilateralmente por este equipo de gobierno y que solamente está generando incertidumbre, desasosiego y preocupación a las personas afectadas”.

Además, la principal fuerza de la oposición en la corporación local anunció la presentación de una moción sobre este tema para su debate en el pleno de este mes porque “no entendemos ni el fondo ni las formas, y es importante llegar a consensos” y sobre la participación de la concejala de Auzoak, Olaia Parra, en el procedimiento iniciado, “desde EAJ-PNV entendemos que los servicios jurídicos del Ayuntamiento deben aclarar si debe inhibirse en este caso”.