El nuevo Palacio de Justicia de Bilbao abrirá en el edificio Mapfre en dos años. El Gobierno vasco adquirió recientemente por 41 millones de euros del conocido edificio, en la céntrica calle Ibáñez de Bilbao, con el objetivo de convertirlo en el cuarto palacio de justicia de la capital vizcaina. Tras adjudicar recientemente la redacción del proyecto de obras, el Ejecutivo prevé comenzar las obras en el edificio en 2023 para que esté operativo en 2025.
El plan, que contará con una inversión superior a 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales con el objetivo de transformar y mejorar la gestión y la prestación de este servicio público en el País Vasco, ha sido elaborado con la colaboración de personas de la Judicatura y Fiscalía. Establece la “hoja de ruta” para los próximos años del Gobierno vasco respecto a los retos y actuaciones en este ámbito y da respuesta al compromiso del programa de gobierno de esta legislatura de aprobar un plan que permita construir “una Justicia más ágil, eficaz y digitalizada, centrada en las personas”, indicó ayer la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal.
La consejera también se refirió al reto digital en la Administración de Justicia y se congratuló de que el expediente judicial electrónico ya está implantado en toda la jurisdicción Contencioso-Administrativa y a partir del próximo viernes lo estará en la jurisdicción social. La implantación total del expediente judicial electrónico está prevista para marzo de 2023. En el proceso, puede haber “incidencias”, por lo que la consejera ha pedido “comprensión” y un “esfuerzo” a los agentes implicados.
Plazos. La rehabilitación del edificio Mapfre y su puesta en servicio para la justicia es uno de los pilares del Plan Estratégico de Justicia 2022-2028. El Gobierno vasco calcula que las obras de la nueva sede judicial podrían comenzar finales del próximo año, y contará con 24 nuevos juzgados.
Objetivo. El Gobierno vasco adquirió por 41 millones de euros el Edificio Mapfre, en Ibáñez de Bilbao, con el objetivo de convertirlo en el cuarto palacio de justicia de la capital vizcaina.
Artolazabal explicó que la nueva estrategia también apuesta por la “Justicia innovadora” y plantea la necesidad de proyectos que “ayuden a adelantarnos e imaginar cómo será la sociedad vasca” en el futuro para “tratar de adaptarnos” a ella. Asimismo, defendió un modelo de oficinas de justicia en los municipios, adaptadas a sus necesidades, que sustituyan a los actuales juzgados de paz.
Justicia rápida
El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, destacó del plan estratégico la línea de trabajo que persigue “una Justicia comprensible, rápida y predecible”, con actuaciones y resoluciones que sean “entendibles y comprensibles” para el ciudadano, lo cual, ha puntualizado, no significa que deban ser “compartidas” por él.
En caso contrario, la Justicia se coloca “a espaldas” de los ciudadanos, ha advertido Subijana, quien también ha abogado por que sea “rápida”, desde la consideración de que “una Justicia tardía no es justicia”, y “predecible” con respuestas “homogéneas” ante determinados casos para dar “confianza” y “seguridad jurídica”. El presidente del TSJPV valoró, asimismo, que se apueste por la Justicia restaurativa, lo cual, según indicó, exige “un cambio cultural y formativo”. Según ha dicho, “hay que crear una cultura de que se pueden resolver determinados conflictos de distinta manera”. Subijana animó a los profesionales de la Judicatura a trabajar para que al final del plan estratégico la Justicia “esté más cercana a las personas”.
La fiscal jefe del País Vasco, Carmen Adán, consideró que una de las líneas destacables del plan presentado es la que aboga por facilitar el apoyo y el acceso a la Justicia a las personas, especialmente a las más vulnerables, y defendió la transparencia y la coordinación en la prestación de este servicio público.
