El desprendimiento del vertedero de Zaldibar, un suceso que costó la vida a dos trabajadores y abrió una crisis medioambiental en Euskadi, cumplirá mañana su segundo aniversario en medio de las voces que siguen reclamando responsabilidades y con la escombrera a punto de clausurarse definitivamente.Y es que además de la pérdida irreparable de las vidas de los dos empleados y el dolor con el que afrontaron su búsqueda, con la casi clausura de la escombrera se han quedado atrás los miedos y angustias causados por este vertedero.
Al desplome siguieron varios incendios y la recomendación de las autoridades de no realizar ejercicios al aire libre por la posibilidad de respirar aire contaminado. El 14 de febrero de 2020 fueron halladas en el aire dioxinas en proporciones 40 veces superiores a las normales provocadas por los fuegos desatados en el vertedero, que desaparecieron una semana después. El 16 y 17 de agosto fueron encontrados los restos del cuerpo de Alberto Sololuze, pero los de Joaquín Beltrán continúan aún bajo los escombros, después de que la búsqueda fuera suspendida el 14 de mayo del año siguiente, al no dar resultados. El aniversario volverá a revivir la angustia con la que los familiares de ambos trabajadores vivieron su búsqueda. “Son fechas muy duras para la familia”, han indicado allegados a Sololuze.
Los tres altos cargos del vertedero han aceptado una pena de seis meses de prisión y la indemnización a los familiares de los fallecidos a cambio de reconocer que la muerte de los trabajadores se debió a un “homicidio imprudente”, lo que les librará de su ingreso en la cárcel al carecer de antecedentes.
Tras sortear la prisión, las miradas están puestas ahora en otra causa por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública en el que están imputados José Ignacio Barinaga, propietario de la empresa Verter Recycling; Juan Etxebarria, ingeniero jefe de la instalación, y la gerente de la empresa, Arrate Bilbao.
