LA revista científica Science publicó en 2018 un exhaustivo trabajo llevado a cabo por investigadores del prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Thechnology) sobre la difusión de noticias falsas on line y sus efectos. Las principales conclusiones del estudio son que las informaciones falsas se propagan “significativamente más lejos, más rápido, más profunda y ampliamente” que las verdaderas “en todas las categorías de información, y los efectos son más pronunciados para las noticias falsas”. Además, estas mentiras son compartidas por los usuarios de Twitter hasta un 70% más que las informaciones verdaderas, lo que multiplica su difusión, según esta investigación. Las falsedades, así, son asumidas de manera más sencilla porque provocan respuestas de miedo, sorpresa o indignación.La catástrofe desatada por el derrumbe del vertedero de Zaldibar y sus trágicas consecuencias con dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, sepultados y sus cuerpos aún no recuperados y una gran alarma social ha sido un ejemplo paradigmático de la proliferación de mentiras, manipulaciones, noticias falsas, tergiversaciones interesadas, informaciones sesgadas y en absoluto rigurosas y opiniones sin fundamento. Y no solo en las redes sociales -un habitual estercolero en el que se mezclan todo este tipo de fake news-, sino también en los medios de comunicación aparentemente serios la información veraz ha ido en demasiadas ocasiones, y sin reciclar, a un virtual vertedero mezclado entre noticias, testimonios y argumentos débiles. Los sistemas de control de la prensa y su exigible responsabilidad social también han fallado en demasiadas ocasiones.

Como revelaba Science, todo ello ha ayudado a generar e incrementar un clima de miedo, inseguridad, riesgo físico y desconfianza total no solo hacia los representantes políticos institucionales, sino hacia los propios técnicos e incluso a los científicos y expertos que aportaban la información contrastada y fiable, y hacían recomendaciones basadas en ella. Las falsedades -como ya anticipó Jonathan Swift hace más de 300 años- volaron desde el principio mientras la verdad llegaba “cojeando detrás”, con un sesgo político más que evidente.

“Alberto y Joaquín, ‘sepultados’ por el PNV”. Así titulaba su llamada en primera página un periódico de la derecha española su aproximación al derrumbe de Zaldibar. Las acusaciones directas a la formación jeltzale han sido una constante, sobre todo en los primeros días: tras una campaña instigadora en Twitter iniciada por un exdirigente de ETA, numerosos batzokis aparecieron con basura en su puerta, se han publicado fotografías con carteles de “PNV makarra” y los insultos han sido constantes. Y es que un sector social asoció desde el inicio al partido jeltzale con su supuesta apuesta por los vertederos y cuestionó la ubicación “sobre una carretera” (la AP-8 y la N-634) y el permiso concedidos para el de Zaldibar, calificado de “monstruo” e identificado como de residuos “peligrosos”. La realidad es que la Autorización Ambiental Integrada para el “vertedero de residuos no peligrosos” fue concedida por el Gobierno vasco el 22 de enero de 2007 siendo titular de la entonces Consejería de Medio Ambiente Esther Larrañaga, de Eusko Alkartasuna, ahora integrada en EH Bildu. La propia Larrañaga fue candidata de esta formación en las pasadas elecciones generales. El proyecto, que solo recibió una alegación sobre el riesgo de contaminación de manantiales y la exigencia de que los caminos existentes quedasen igual, fijaba la superficie del vertedero (137.259 m2), la capacidad del vaso (2.744.975 m2), su vida útil aproximada de 35 años y establecía que “los residuos que constituyan o contengan fracciones valorizables (papel y cartón, madera, plásticos, metales férricos, metales no férricos) serán sometidos a un pretratamiento, mediante una segregación selectiva de dichas fracciones” que “se depositarán en los contenedores instalados al efecto, para su valorización posterior”.

Ya en noviembre de 2016 -con Medio Ambiente bajo gestión del PNV-, el Ejecutivo formuló el informe de impacto ambiental para la actividad de gestión de residuos no peligrosos (R5), tras un trámite de consultas a diversas entidades como Patrimonio Cultural, Salud Pública, Ihobe, URA, Ayuntamiento de Zaldibar -ya en manos de EH Bildu- y “a Ekologistak Martxan Bizkaia”, que no presentó alegaciones.

Se ha publicado también que el vertedero había tenido solo tres controles en cinco años, aunque no es así porque ha tenido siete en sus nueve años de vida.

Una de las mayores alarmas tuvo lugar tras el conocimiento de que en el vertedero de Zaldibar había material con restos de amianto. Se llegó a decir que este estaba prohibido si era un vertedero de residuos no peligrosos. Pero no es cierto, porque sí tenía autorización desde el inicio para almacenar “materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto”, tal y como figura en el Anexo II de la Autorización Ambiental Integrada de 2007. Pero, eso sí, la palabra amianto genera mucho miedo por sus efectos en la salud.

Asimismo, casi en paralelo, un miembro de Ekologistak Martxan afirmó que su grupo tenía “sospechas fundadas” de la existencia de lindano, otro material tóxico -este sí prohibido- que origina la lógica alarma. Por contra, no hay indicio alguno de que haya lindano en Zaldibar y las pruebas indican lo contrario. Un fake de manual.

¿Se priorizó, por otra parte, la apertura de la autopista cortada por el derrumbe a las labores de búsqueda de los dos trabajadores sepultados, tal y como se ha publicado? La realidad es que las condiciones tras la avalancha -los incendios y la inestabilidad del terreno- han hecho imposible, aún a día de hoy, recuperar los cuerpos de los empleados. También se ha llegado a publicar que, aun en el caso de hallar los cuerpos, estos se quedarían en el vertedero y serían allí incinerados, otra falsedad sangrante que ha generado indignación entre las familias.

Asimismo, un diario vizcaino publicó también que el Gobierno vasco había “rechazado” la ayuda ofrecida por el Ejército español -en concreto, la Unidad Militar de Emergencias (UME)- para las labores de búsqueda de Alberto y Joaquín. El propio Gobierno español y el delegado del Ejecutivo en Euskadi tuvieron que desmentirlo, en una de las polémicas políticas más virales e incluso vivas a días de hoy y que llegó hasta el Congreso de los Diputados de la mano de Vox.

Otra cuestión que ha generado mucha polémica ha sido, lógicamente, la de la calidad del aire en la zona cercana al vertedero. Las primeras mediciones de los técnicos no arrojaban datos preocupantes, y así se transmitió a la población, quizá sin las cautelas debidas dado el ambiente creado y sin valorar que no eran datos cerrados, pues faltaban los análisis del laboratorio del CSIC. Tras hacerse públicas estas mediciones y hacer recomendaciones a la población como no ventilar las casas y no hacer deporte intenso, la alarma generada y la desconfianza crecieron aún más, sobre todo tras los innumerables mensajes difundidos a través de las redes sociales y la prensa.

Mediante titulares que resaltaban la “alta contaminación”, las palabras más extendidas sobre este asunto fueron “resultados alarmantes”, “aviso cinco días tarde”, “preocupación”, “alarma sanitaria”, “ocultismo”... La -esta sí- alarma social generada, o aumentada, llevó a una campaña para el uso de mascarillas por parte de la población. Sin embargo, tal y como dejó claro Begoña Jiménez, científica investigadora del CSIC en cuyo laboratorio se hicieron los análisis sobre la calidad del aire en la zona, los niveles de furanos y toxinas -términos que han sido profusamente utilizados pese al generalizado desconocimiento sobre su significado real- no eran alarmantes y no existía riesgo grave para la población, al tiempo que aseguraba que las medidas adoptadas habían sido razonables y garantistas para la salud e insistía en que las mascarillas no servían para mucho en realidad.

Uno de los debates más singulares fue el originado por la suspensión del derbi de Primera División que se tenía que jugar en Eibar entre el equipo local y la Real Sociedad, decidido por LaLiga. En redes sociales se difundió de manera profusa e irresponsable que el Gobierno vasco había priorizado a los futbolistas frente a la población -al parecer, “de segunda”- e incluso algún profesor universitario sugirió que los municipios afectados -casi 50.000 personas- debían haber sido “evacuados”.

A este respecto, otras informaciones inciertas o tergiversadas han disparado aún más la alarma social. Por ejemplo, la “recomendación” de la UPV/EHU a sus alumnas y docentes embarazadas o lactantes a no acudir a clase en su centro de Eibar. O el titular de que “expertos del CSIC” pedían el cierre de la planta de biomasa de Güeñes por “su peligrosidad”, cuando esas personas no eran del CSIC -lo tuvo que desmentir el propio Centro de Investigación- y se trataba de un informe de parte a petición de una plataforma contraria a esa industria.

Junto a esa información, además, se destacaba que lo sucedido en el vertedero de Zaldibar “dispara el temor” en Güeñes y Zalla, cuya situación es bien distinta.

También la especulación ha estado muy presente a lo largo de esta grave crisis. Desde que el Gobierno vasco no actuó hasta días más tarde -una fotografía publicada por DEIA al día siguiente del derrumbe indica que la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, estuvo, junto al diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en la mesa de crisis el mismo día- hasta que la empresa propietaria del vertedero “culpa” del derrumbe a las obras de la variante de Ermua -aunque, obviamente, puede ser una de sus líneas de defensa-, pasando por testimonios incluso con voz distorsionada sobre la cantidad y características de los residuos que se recibían en Zaldibar.