BILBAO - El relato de las vida de Desiré, José Mari, Richard, Francisco, Cathy, Alberto y Javier, personas que han vivido en la calle en Bilbao y que se encuentran en procesos de superación, ha servido al relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, para extraer las conclusiones con las que elaborar un informe a nivel más global de todo el Estado español sobre la situación en la que se encuentran las personas más desfavorecidas, en una sociedad en la que la situación económica no se corresponde con los nivelas de desigualdad.
El objeto es que el Gobierno tome conciencia de los problemas más acuciantes. De los testimonios que trasladaron estas personas en torno a una mesa de trabajo, la burocratización del empadronamiento resultó ser uno de los mayores hándicap que padecen para abandonar la calle. En Bilbao hay 700 personas que están acogidas a un empadronamiento social, una fórmula que les permite acceder a ayudas y servicios, pero que no existe en todos los municipios. “Pretendo examinar minuciosamente cómo funciona el sistema de protección social para las personas en situación de pobreza, así como la situación de las personas con trabajos precarios o que se enfrentan a dificultades para acceder a una vivienda adecuada, a la educación y a la sanidad especialmente entre las poblaciones vulnerables”, señaló Alston.
El encuentro en el que participaron representantes de la Fundación Ellakuria, Bizitegi, así como una profesora de la Universidad del País Vasco puso blanco sobre negro las dificultades que se encuentran las personas que viven en la calle para salir de esta situación.
“Para poder acceder a una ayuda hay que tener un padrón y para eso necesitas una vivienda. Yo conseguí un padrón y pude seguir adelante, pero no es fácil”. Richard relató su testimonio de luces y sombras aducido por las drogas y maltratado por la vida en la calle. Como sus compañeros de infortunios la burocracia ha sido una losa demasiado pesada en el camino de su recuperación. “Vine desde Honduras para trabajar en una casa y al acabar mi empleo estuve un mes en la calle, y de allí gracias a Cáritas y Cear pude encontrar algún trabajo, pero he tenido muchos problemas para conseguir un empadronamiento y es clave para poder iniciar una vida en sociedad”.
La historia de Cathy repite las amarguras de las personas que viven en la calle. “A mí se me ha negado el empadronamiento y eso hace que esté en un nivel de irregularidad. Gracias a amigas puedo tener un techo”.
Todos coinciden en que no tener un techo no es solo dónde dormir o dónde pasar el día. Es el primer y más grave obstáculo para salir de la calle, para acceder a ayudas o para adquirir medicinas, según comparten. “Sin padrón no puedes tener tarjeta sanitaria o percibir determinados recursos”, recuerda Román Fernández del Arenal de la Fundación Ellakuria. “Y esto, mientras muchas casas están vacías y mucha gente estamos en la calle”, se queja Desiré que reclama políticas para que los bancos abran la oferta de muchas viviendas que están embargadas.
‘Empadronamiento ficticio’ Ante esta situación muchas de las personas que se encuentran en la calle o con la perspectiva de salir de esta situación ven como un primer paso lo que ellos denominan el empadronamiento ficticio, un recurso que desde el Ayuntamiento lo denominan el empadronamiento social y en el que continúan trabajando.
El Consistorio regula el empadronamiento social a través de un procedimiento en el que se han ido incluyendo nuevos requisitos, como la residencia habitual en la ciudad durante un mínimo de tres meses. Hace diez años en Bilbao había 346 personas inscritas en alojamientos y sedes de asociaciones con el fin de tener acceso a servicios sanitarios y ayudas económicas, entre otros recursos. Hoy ya son entre 700 y 800 las personas que se acogen a este servicio, según los datos facilitados por Román Fernández, del Arenal de la Fundación Ellakuria.
El empadronamiento de personas sin techo se puso en marcha en 1999 y en 2002 se realizó una primera revisión. En marzo de 2007 entró en vigor un procedimiento más detallado que se revisó cuatro años después, en febrero de 2011. Los requisitos en esos casos establecen que los destinatarios tienen que justificar un periodo de tres meses de atención continuada por uno o varios servicios reconocidos por el área de Políticas Sociales. Deben ser mayores de edad (salvo si se trata de menores no acompañados) y quedan fuera las personas que ya se encuentran ligadas a otro municipio de Bizkaia. Algunos viven en la calle, pero al menos cuentan con una referencia para engancharse al circuito de los servicios sociales.
Las dificultades para empadronarse no son el único problema que pusieron sobre la mesa. La falta de acceso a ayudas, y sobre todo la precariedad del empleo también ocuparon buena parte de la reunión que mantuvieron los usuarios de la calle con el relator de la pobreza en la ONU. Alston confía en que el informe de conclusiones presentado este pasado viernes tenga el respaldo social suficiente porque “si la opinión pública respalda lo que planteamos es probable que los gobiernos presten atención a nuestras propuestas para superar las situaciones más vulnerables”. En este sentido, le parece “una buena señal que haya un nuevo Gobierno con un programa cabal para mejorar la protección social”.
