Bilbao - La caza estará prohibida en el entorno de las viviendas y las zonas de más actividad de Artxanda. La Diputación, a petición de las Juntas Generales y los propios vecinos de la zona, establecerá un perímetro de seguridad para evitar que se pueda practicar esta actividad. “En época de veda llueven perdigones sobre los tejados de las casas”, advirtió José María Larrañaga, portavoz de la asociación vecinal Plataforma Artxanda.

Las Juntas Generales debatieron ayer una propuesta de Bildu, que recogía las demandas de los vecinos para declarar Artxanda zona libre de caza. “A ver si damos solución a este problema, los vecinos pueden estar tranquilos en sus casas y las personas que practican la caza pueden hacerlo”, deseó su apoderado David Lopategi. Finalmente, los partidos acordaron, por unanimidad, pedir a la Diputación que inicie un expediente para acotar un perímetro de seguridad alrededor de las viviendas y lugares de actividad, como las zonas de paseo.

Y es que, según explicó el presidente de asociación vecinal de Artxanda, durante la época de veda, que se prolonga de octubre a finales de febrero, “pasamos verdadero miedo. Empiezan a caer perdigones sobre los tejados y hay tiros en zonas cercanas a nuestras viviendas. A algunas familias les da miedo salir al jardín, porque tienen niños pequeños y hay gente mayor”. En Artxanda vive actualmente algo más de medio millar de vecinos, casi 400 dentro del término municipal de Bilbao y otros 200 de Sondika. La zona más afectada por la actividad cinegética, según explicó el portavoz vecinal, es la vaguada que se genera entre donde se ubicaba la antigua pista de hielo de Nogaro y el restaurante Miramar, mientras que existen otras áreas, más alejadas de las viviendas, en las que reconocen que se puede seguir practicando la caza, “como el área de Enekuri. Allí suelen ir muchos cazadores y prácticamente ni oímos los tiros”. Larrañaga se felicitó del consenso alcanzado, que daba respuesta a las reivindicaciones que mantienen desde 2015, “porque eso era lo que queríamos: vivir tranquilos en época de veda”. Su planteamiento es que esa zona de seguridad, cuya delimitación se empezará a tramitar a partir de ahora, vaya desde el txakoli Berriz hasta Monte Abril, “con una anchura variable dependiendo de las zonas; en la bajada de San Roque, por ejemplo, en Sondika, tendría que coger más anchura que donde está la Escuela de Hostelería”. Larrañaga lamentó que, “a día de hoy, la ley no se cumple. No se puede cazar a menos de 500 e incluso 200 metros de casas habitadas y claramente se está incumpliendo; si no, no nos caerían perdigones. Si se hubiera cumplido la ley, posiblemente no habríamos necesidad de hacer esto”.

Tanto desde PNV como PSE, que plantearon ese área de seguridad, en lugar de prohibir la caza en toda la zona de Artxanda, abogaron también por dar “una solución” a la situación que viven estos vecinos. “Es la vía más adecuada, porque hay zonas en las que se generan problemas de convivencia y otras donde no. A partir de este momento, se tramitará un expediente en el que podrán participar todos los agentes implicados”, explicaron Mari Mar Rodríguez y Jesús Lekerikabeaskoa.

Desde Podemos, Elsa Pamparacuatro se mostró a favor de la solución planteada, aunque apostó por llevar a cabo “una reflexión profunda sobre si esto que está ocurriendo en Artxanda se puede estar dando en el resto de Bizkaia”. Eduardo Andrés, del PP, pidió que, durante el tiempo que se prolonguen los trámites administrativos, “se lleve a cabo una especial vigilancia en la zona, sobre todo para que los cazadores cumplan la normativa, por la tranquilidad y seguridad de los vecinos”. Para Arturo Aldecoa (Grupo Mixto), el acuerdo finalmente alcanzado “es la vía legalmente más útil para resolver el problema, sobre todo estando los vecinos de acuerdo”.

Finca Otei Por otra parte, y a preguntas de EH Bildu, la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, reconoció que su departamento todavía no ha decidido qué hará con la finca Otei, ubicada en Ea. “Una opción era incorporarla al proyecto del banco de tierras, pero se está revisando”, recordó Unzueta. La finca Otei es propiedad de la Diputación desde 1990 y cuenta con 92 hectáreas distribuidas entre un caserío principal, edificaciones ganaderas y superficie forestal.