BILBAO. Los trabajadores de la OTA de Bilbao han ratificado este martes en asamblea (con el 57% de votos a favor y del 43% en contra) el preacuerdo que pone fin de a la huelga iniciada el pasado 2 de enero. En la asamblea, LAB y ELA han rechazado el acuerdo, al considerar que éste conlleva diez años de congelación salarial.

Según ha denunciado ELA, la oferta de la empresa contempla una vigencia de cuatro años y supone una subida salarial del IPC vinculado a dos indicadores relacionados con la productividad. "En la práctica esto supone cuatro años de congelación salarial. La plantilla de la OTA no ha tenido incremento salarial desde el año 2012, por lo que son 10 años de congelación salarial", ha reprochado.

Por su parte, LAB entiende que se ha perdido una "gran oportunidad" de conseguir los logros que las asamblea de trabajadores de la OTA se marcaron en diciembre pasado y ha denunciado que el preacuerdo conlleva un incremento de jornada "encubierto", ya que "se pierden casi 40 horas que tenían de las cerca de 74 horas de media al año por tiempo de vestuario diario".

Asimismo, ha lamentado la "falta de blindaje de las condiciones laborales", ya que el preacuerdo recoge que para la inaplicación del convenio se requiere acuerdo entre las partes, pero la empresa "no se quiso comprometer a tener que acordar cualquier modificación sustancial que pudiera plantear". "Así ha podido y podrá variar las condiciones laborales de la plantilla planteando una modificación sustancial de las condiciones laborales, tal y como ha impuesto con el calendario que publicó el 29 de diciembre", ha criticado.

RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, ELA ha manifestado en al asamblea que considera "inaceptable" el planteamiento de la empresa y ha responsabilizado al Ayuntamiento de Bilbao de lo sucedido en la OTA de Bilbao.

Según ha explicado, la UTE formada por las empresas Eysa-Cycasa despidió a siete trabajadores durante el proceso de negociación del convenio colectivo, con el fin de "utilizarles como chantaje para conseguir un convenio colectivo con contenidos regresivos".

"No es la primera vez que la empresa Eysa utiliza esta estrategia en las adjudicaciones públicas. Es lamentable que este tipo de empresas, con prácticas que utilizan el chantaje permanente, sean adjudicatarias de contratos públicos", ha manifestado.

Asimismo, ha afirmado que la utilización de medidas "coactivas como los despidos son del todo censurables y más, si dichas prácticas se producen en una licitación de un ayuntamiento como el de Bilbao".

En su opinión, en este conflicto "no sólo han resultado perjudicados los trabajadores de la OTA, sino también los ciudadanos de Bilbao, ya que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar más de un millón de euros durante la huelga".

"La empresa, que no ha padecido ningún tipo de perjuicio, ha tenido como objetivo con los despidos, rebajar las condiciones de trabajo o si no lo hubiera conseguido su pretensión era obtener del Ayuntamiento de Bilbao indemnizaciones millonarias si éste optaba por rescindirle el contrato ante la prolongación del conflicto", ha advertido, para felicitar a la plantilla de la OTA de Bilbao por la solidaridad mostrada con los trabajadores despedidos.