Arrigorriaga - Un total de 220 familias vizcainas sin recursos han solicitado al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia una rebaja en su factura en lo que va de año. La entidad aprobó ayer en su asamblea incrementar tanto la bonificación a la que pueden optar los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), del 30 al 80%, como el consumo máximo, ya que aproximadamente un tercio de las solicitudes han tenido que ser denegadas porque superaban el límite actual.

Según los datos presentados por el director comercial del Consorcio, Unai Lerma, desde que se puso en marcha esta bonificación para las personas con menos recursos, han sido 220 las solicitudes que se han recibido. De ellas, 159 han sido aceptadas, 44 han sido rechazadas por un exceso de consumo y en 10 casos no se acreditó que percibieron la RGI. El propio Lerma reconoció que las cifras están “por debajo” de las previsiones que manejaba la entidad, que destinó 100.000 euros este año a este fin, aunque confió en que a partir de ahora este número se vaya incrementando, al darse más a conocer esta bonificación. Además, las solicitudes han crecido de manera significativa en la última quincena.

En la asamblea del Consorcio celebrada ayer en la estación de Venta Alta, se aprobó un incremento de la bonificación, pasándola del 30 al 80%, a través de una enmienda presentada por los representantes socialistas de los ayuntamientos de Portugalete y Mungia. No salieron adelante, sin embargo, otras propuestas planteadas por los consistorios de Areatza, Barakaldo y Sestao, para que estas bonificaciones llegaran también a personas “que cumplan con los requisitos para la percepción de las Ayudas de Emergencia Social” y elevar la bonificación al 100%. “No lo podemos admitir porque generaría una situación de inseguridad jurídica; como Consorcio, no tenemos competencia para investigar cuál es la renta de una unidad familiar para saber si puede recibir o no una AES”, advirtió Lerma.

Tampoco fue aprobada una propuesta para regular un suministro vital básico y un bono social en el suministro del agua, ya que existen “razones jurídicas” que no permiten llevarlos adelante. “Es una cuestión de voluntad política, de sentarse a pulir esos detalles que el informe jurídico que se ha encargado dice que no se ajusta a la legalidad”, manifestaron los representantes de Podemos, autores de la propuesta. - A. Atxutegi