Bilbao - La diputada foral vizcaina del área Institucional, Ibone Bengoetxea, desligó ayer del ámbito político el expediente disciplinario abierto a un bombero por negarse a dirigir un retén de seguridad durante el embarque de un cargamento de bombas con destino a Arabia Saudí.

Estos hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo en el Puerto de Bilbao cuando dicho bombero del parque foral de Urioste alegó “objeción de conciencia” para no cumplir esa orden por considerar que ese cargamento de bombas podría ser utilizado contra civiles en el conflicto de Yemen, en el que está involucrada Arabia Saudí.

Bengoetxea compareció ayer en la comisión correspondiente de las Juntas Generales de Bizkaia a petición de los grupos de EH Bildu y Podemos, que demandaron explicaciones sobre dicha apertura de expediente al bombero que alegó objeción de conciencia. Según dijo, el bombero es un funcionario público y como tal tiene derechos y obligaciones estatutarias y un régimen disciplinario que se pone en marcha cuando incumple una orden relativa a “la seguridad de las personas y de las instalaciones”.

Dicho expediente se tramita por un funcionario de forma ajena al equipo de gobierno y con una funcionalidad “garantista”, según la cual se trata de “dirimir si el bombero puso en peligro el operativo de prevención y se escucha también la versión del afectado”.

“La Diputación no puede ni cerrar el expediente ni decidir si sanciona o no al bombero porque no es de su competencia y podría llegar a ser hasta prevaricación administrativa. El instructor decidirá en base a la normativa, y nunca en base a lo que nos guste a los partidos políticos, y después, siempre se puede recurrir a la vía legal”, argumentó Bengoetxea al respecto.

Reacciones Por parte de EH Bildu, Joseba Andoni Gezuraga, mantuvo que no piden un “cierre en fal’so” del expediente sino que se tenga en cuenta que no se originaron daños y por tanto se establezca, en su caso, una sanción “mínima”.

En la misma línea, Neskutz Rodríguez, de Podemos, recordó que el bombero comunicó su decisión a sus superiores y la única consecuencia fue un “retraso de quince minutos” en el embarque de los explosivos hasta que fue sustituido por un compañero.

El juntero del PNV, Jon Andoni Atutxa, insistió en los argumentos esgrimidos por Ibone Bengoetxea y afirmó que “los partidos políticos no deben entrar en un expediente de este tipo”, mientras que Carlos Totorika, del PSE-EE, partido que gobierna la Diputación junto al PNV, recordó que existen un Estatuto del Empleado Público y una Ley de la Función Pública, las cuales que establecen las normas y deben cumplirse.

Por su parte, Javier Ruiz, del PP, indicó que la objeción de conciencia “puede tener ciertas limitaciones en los casos de las fuerzas de seguridad del Estado o los bomberos”, mientras que Ignacio Aldecoa, del Grupo Mixto, juzgó necesario abrir el expediente disciplinario “para aclarar lo sucedido”. - Efe