BILBAO. El pleno del Ayuntamiento de Bilbao celebrado este jueves ha rechazado una proposición del PP en la que se pedía prestar orientación y asistencia jurídica a los vecinos de Ollerías en los procesos judiciales en los que se encuentran personados con motivo del conflicto generado por el clan familiar conocido como los Pichis, así como ejecutar "la deuda pendiente" en relación a la lonja de Ollerías Bajas, 6, en la que reside esta familia.

La proposición del PP pedía "prestar orientación y asistencia jurídica a los vecinos de Ollerías en los procesos judiciales en los que se encuentran personas derivadas del conflicto", así como ejecutar "la deuda pendiente en relación a la lonja de Ollerías Bajas, 6".

Por su parte, en la enmienda de modificación presentada por Udalberri a la moción del PP, que también ha decaído, se proponía "generar un plan integral de intervención social en el barrio de Atxuri que incluya mecanismos de mediación comunitaria y que cuente con la participación de todas las asociaciones vecinales de cara a mejorar la convivencia".

En la defensa de su proposición, el edil popular Oscar Fernández Monroy, ha señalado que es "por todos conocida la situación de conflictividad y delincuencia enquistada desde hace más de una década en la zona de Ollerías en el barrio de Atxuri", y ha asegurado que "ríos de tinta han corrido con este asunto, e, incluso, la gravedad el mismo ha obligado a la intervención del fiscal general del País Vasco".

Tras señalar el "gran número de intervenciones que ha realizado la Policía Municipal durante el año 2016, un total del 46, de las cuales diez han sido judicializadas", el edil popular ha lamentado que la respuesta municipal ha sido "disminuir la presencia de unidades y de agentes uniformados en la zona".

En su proposición, ha explicado Fernández Monroy, los populares piden "prestar orientación y asistencia jurídica a los vecinos de Ollerías en los procesos judiciales en los que se encuentren personados por amenazas y agresiones" a vecinos que "son víctimas de la violencia protagonizada por el clan familiar conocido como los Pichis".

"Es lo mínimo que este ayuntamiento puede hacer, y el alcalde y el Gobierno tendrá que elegir entre defender a las víctimas, es decir a los vecinos, o defender a los agresores, a los que han generado una alarma social sin precedentes dentro de nuestro municipio y fuera de él", ha dicho.

La segunda petición de los populares era que se ejecute "la deuda pendiente en relación a las lonjas de Ollerías bajas, 6, una deuda que ha sido señalada por los vecinos públicamente, una deuda de una cuantía importante que se arrastra desde hace años y que es incomprensible que el Ayuntamiento no la haya ejecutado ya, para defender los intereses de todos los bilbainos".

"Yo quiero que este Ayuntamiento responda si hay o no hay deuda, cuando queda acreditado en actas públicas que existe la deuda", ha reiterado, para señalar que "la siguiente pregunta, si existe la deuda, es por qué no se ejecuta, como a cualquier otro ciudadano".

Por parte de Udalberri, Carmen Muñoz, ha advertido de que "la solicitud de ejecución de la deuda pendiente es una medida simplista y cortoplacista que no mejora ninguno de los factores que han llevado a esta situación".

"El objetivo no debe ser expulsar a nadie y trasladar el conflicto a otro lugar y conflicto, sino que el objetivo principal debe ser mejorar la convivencia en el barrio, y esto pasa por trabajar la integración comunitaria y la incorporación social de los miembros de la familia partícipe del conflicto", ha dicho.

En ese sentido, ha considerado "fundamental generar un plan integral de intervención para el barrio de Atxuri que incluya mecanismos concretos de mediación comunitaria y, sobre todo, que cuente con la participación de todas las asociaciones vecinales, tanto en su diseño como ejecución, con el objetivo general de mejorar la convivencia en el barrio y en la ciudad ".

El portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Lahdou, se ha preguntado "qué asesoramiento concreto puede dar el Ayuntamiento a estos vecinos que no tengan ya", porque "ya están incursos en temas judiciales y ya han hablado con abogados, se han informado y han puesto las pertinentes denuncias". A su entender, el PP quiere "que se defienda a unos vecinos sobre otros".

En cuanto a la ejecución de la deuda, ha considerado que el Ayuntamiento "estará actuando por los cauces correspondientes en este asunto, para que, si esa deuda existe, se cobre como se haría con cualquier otro vecino de la Villa".

La edil de EH Bildu Alba Fatuarte ha dicho que se puede ser crítico con las instituciones, como lo hemos sido nosotros porque creemos que no han estado a la altura de las circunstancias para encauzar este tema a tiempo, y ha faltado coordinación y comunicación", pero ha apostado por ser una oposición "responsable, sobre todo cuando está en juego la convivencia de todo un vecindario".

Por su parte, el concejal de Acción Social, PNV Iñigo Pombo, ha considerado que "no se puede decir que el problema está enquistado", cuando lo que ocurre es que "todavía no hay una solución global al conflicto". "Decimos que no a la propuesta del PP, pero no decimos que no a los vecinos", ha advertido Pombo, para asegurar que "todos queremos solucionar este problema".

Sobre la petición de ejecución de la deuda, Pombo ha señalado que la norma foral "declara la reserva de los datos tributarios y no vamos a discutir aquí la ejecución o no de la deuda, y de las estrategias, si es que existiera la deuda". Por ello ha rechazado la propuesta popular, "sin que esto suponga en ningún caso renunciar a trabajar en Ollerías, y mucho menos abandonar a los vecinos, a quienes queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad".

ALCALDE

En este punto, ha tomado la palabra el alcalde, Juan María Aburto, para precisar que "lo exacto es decir que el fiscal general del País Vasco ha actuado, y antes de que el fiscal haya acudido, este alcalde acudió al fiscal general, y está pendiente de estar nuevamente con él", porque el fiscal "tiene la defensa del interés público y de los menores".

En respuesta a la crítica por la disminución de la presencia de agentes, Aburto ha dicho que "sería justo completar la información" añadiendo que en el barrio se han colocado "elementos de seguridad pasiva, de cámaras, con grabación constante, lo que aporta una seguridad a ese entorno".

Tras precisar que el Ayuntamiento "no presta asistencia en juicio", Aburto ha pedido trasladar "una voluntad de trabajar sin sembrar falsas expectativas, que no van a ayudar a nada", y ha asegurado que el consistorio "siempre va a estar con las víctimas y con los vecinos".