AMURRIO - El Ayuntamiento de Amurrio ha suscrito un convenio de colaboración con la sociedad pública Alokabide, dependiente del Departamento de Empleo y políticas sociales del Gobierno Vasco, para la movilización de vivienda vacía. “En la actualidad hay un elevado número de pisos deshabitados o vacíos en la villa, cuando importantes sectores de población no pueden hacer efectivo su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por eso, se hace imprescindible la captación de inmuebles desocupados para su puesta en alquiler social”, explica la alcaldesa Josune Irabien.

El objetivo del acuerdo ratificado con Alokabide es que los propietarios de inmuebles vacíos se animen a ponerlos en alquiler para “dar uso social a estas viviendas arrendándolas a precios asequibles” y sus destinatarios serían fundamentalmente “sectores de población cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre”, añade Irabien.

Dos posibilidades Las opciones contenidas en el convenio de colaboración con los programas de vivienda vacía Bizigune y el ASAP que tiene como lema Alokairu segurua, arrazoizko prezioa.

Cualquiera de las dos alternativas ofrecen una serie de ventajas para el propietario de los inmuebles vacíos, que hacen que sean atractivas en sí mismas, ya que van desde la gestión integral del arrendamiento hasta la garantía del pago puntual de la renta. Además, incluyen un seguro multirriesgo a cargo de Alokabide y una devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación que cuando se cedió”, precisa la alcaldesa.

Para que las características de estos dos programas lleguen a la población, el Ayuntamiento de Amurrio informará a todas las personas interesadas de los requisitos necesarios para adherirse a alguna de estas iniciativas, facilitará los impresos requeridos e iniciará los procesos de admisión.

Desde una perspectiva más social se establece también la posibilidad de coordinarse las áreas sociales del Ayuntamiento y Alokabide en aquellas situaciones en las que los adjudicatarios o arrendatarios requieran de una puesta a disposición de los recursos de atención social.

“El convenio posibilita ir más allá, con la adopción de medidas concretas como estudiar la viabilidad de posibles medidas fiscales en un futuro, tales como bonificaciones en el impuesto de Bienes inmuebles o de la tasa de obras”, apostilla Josune Irabien. - S. M.