Síguenos en redes sociales:

Expertos difieren sobre el papel de la magistrada

El juez decano de Bilbao considera la publicación de la noticia “un ataque personal” a la magistrada

Etxebarri - La situación de la jueza Ana María Martínez Navas en torno a la causa de la lanzadera de Etxebarri suscitó ayer opiniones muy diversas desde el punto de vista jurídico. La clave fundamental que apuntan unos y otros radica en si el hecho de que resida en el epicentro de las protestas debería haber exigido su abstención o la comunicación a las partes de esta situación. Un aspecto que ofrece más de una lectura.

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, consideró que “para discutir el auto de la juez hay que ofrecer argumentos jurídicos, no hay que suplir esos argumentos por un ataque personal diciendo que, como el autobús pasa por debajo de su casa, ella toma una decisión u otra”. Además, respondió al alcalde de Galdakao, Ibon Uribe, indicando que no ve “atisbo de contaminación de la resolución por ningún lado” y considera la publicación de la noticia “un ataque personal” a la jueza.

La asociación profesional de magistrados Jueces para la Democracia coincidió con Uriarte al argumentar que el lugar de residencia de Martínez Navas no era un factor fundamental. Según señalaron, “la jueza no estimó que residir en Etxebarri fuera a influir en su decisión, como los jueces de Bilbao o cualquier otra localidad no lo hacen cuando el afectado es su ayuntamiento porque no había interés personal directo ni indirecto en el asunto”.

Desde Loroño y González Abogados consideran que “es cierto que las medidas cautelares responden a una urgencia, ya que lo contrario hubiese causado un mayor perjuicio”. No obstante, consideran que “el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy amplio a la hora de señalar como causas de abstención y recusación tener interés en la causa de manera directa o indirecta”. “Ser vecina de esta zona puede entenderse subsumido en el tipo, lo cual le hubiese obligado a abstenerse”, indican.

El despacho de Rodríguez y Rueda Abogados consideran que es un tema “complejo” y que depende de la “ética profesional de cada persona”. “Informar a las partes de esta situación me parece algo básico y creo que lo más adecuado es dejar la decisión en manos de otro juez... Parece que puede haber un conflicto personal, y en ese caso es mejor no pronunciarse”, señala una letrada de este bufete.

En medio de esta situación, la jueza podría solicitar amparo al Consejo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, un asunto que se abordará hoy.