El Gobierno vasco ocupará la vieja Cámara de la Propiedad

BILBAO - El edificio que albergó durante años la Cámara de la Propiedad, situado en la calle Henao, podrá convertirse en un futuro en equipamiento público para dependencias del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco. El consejo asesor de planeamiento dictaminó ayer favorablemente (con la abstención de Bildu) sobre este punto que ahora pasará para su aprobación a la junta de gobierno y, tras la exposición pública, se someterá a su aprobación en pleno, probablemente en enero.

La iniciativa de modificación del PGOU parte del Gobierno vasco, propietario de este edificio catalogado en este momento como residencial, por tener un volumen de viviendas superior con respecto a la totalidad de inmueble según aclaró el concejal de Urbanismo, Eduardo Maiz.

Se trata de un solar de aproximadamente 3.500 m2 que fue, según explicó el concejal, el primer edificio del Ensanche, construido por Julio Salicibar y que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. Fue precisamente en 1945 cuando se levantaron cuatro plantas para viviendas de los empleados que trabajaban por debajo. Lo que plantea ahora el Gobierno vasco es modificar el Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar la reutilización del solar para un nuevo uso de carácter exclusivamente equipamental, en concreto para albergara dependencias del Departamento de Administración Pública y Justicia. En base a las necesidades funcionales del nuevo uso se quiere posibilitar la sustitución del edificio para dar lugar a nuevas plantas “bajo rasante” con el fin de obtener las superficies estrictamente necesarias para los usos complementarios del nuevo uso principal, una superficie aproximada de 600 m2. Además se solicita incrementar la altura del perfil para posibilitar las superficies necesarias en el nuevo sótano que se dará opción a construir.

El concejal de Urbanismo explicó que la saturación del conjunto de edificios que integran el área judicial de Bilbao (Palacios de Justicia de Buenos Aires, Barroeta y Albia) obliga al Gobierno a ampliar sus dependencias fuera de este conjunto.