La Justicia archiva las denuncias contra el exalcalde de Bermeo Xabier Legarreta
No incurrió en delito penal en su gestión de las VPO de San Martín, como le achacaba el actual Consistorio de Bildu
Bermeo - El Juzgado de Instrucción número 1 de Gernika-Lumo no ve delitos penales en la gestión que el exalcalde de Bermeo Xabier Legarreta (PNV) y el exconcejal de Urbanismo Iñigo Imatz realizaron en el seno de la sociedad pública Beruala en el proyecto de las VPO de San Martín. Sobre ambos pesaban sendas denuncias por prevaricación urbanística y delitos societarios. La Justicia, tras casi un año de diligencias previas que arrancaron tras una denuncia del actual equipo de gobierno de Bildu, sobreseyó definitivamente el caso al sostener que “no se ha acreditado la perpetración de delito alguno”.
Practicada una “extensa instrucción”, la jueza ahonda en que “los hechos no son constitutivos de infracción penal” como argumento principal para el archivo de una causa en la que también fue incluido el anterior gerente de Beruala -sociedad encargada de llevar a buen puerto el proyecto-, Josu Azaola. Este también ha resultado absuelto de un delito societario. Con su recorrido judicial terminado, el fallo asume los motivos expuestos recientemente por la Fiscalía Provincial de Bizkaia, que en junio apeló al sobreseimiento en un escrito de seis páginas.
El ministerio público calificó que la denuncia contra los tres ex responsables municipales por la comisión de delitos societarios en Beruala “resulta poco rigurosa”. Y en lo que respecta al delito de prevaricación, el auto confirma que la licencia dada “es plenamente conforme al informe emitido por el arquitecto municipal, quien así lo ratifica ante el Juzgado”, estimaron ayer fuentes del PNV, que acogieron la noticia “con satisfacción, pero sin sorpresa”.
Los acusados, además de técnicos municipales, constructores, peritos judiciales y representantes políticos, tuvieron que desfilar por el juzgado a prestar declaración tras la apertura de diligencias previas. Corría el mes de septiembre de 2013 cuando Legarreta testificó, reafirmándose en la legalidad de la concesión de las licencias. Sobre los dos últimos pisos del inmueble pesaba una orden de derribo, que será ejecutada ya por el actual equipo de gobierno, pero entonces indicaron que “en todo momento” adoptaron “sus decisiones conforme a lo que los servicios técnicos y jurídicos establecían”.
excesivo celo Ese mismo argumento salió ayer a colación, toda vez que la jueza, pese a sobreseer el caso, dio un tirón de orejas al proceder de ambos ex responsables municipales en su auto al denunciar su “falta de profesionalidad”. Desde el PNV tildaron su valoración de “excesiva” porque ninguno de los dos “participaron en los hechos” y tampoco se ha demostrado “que intervinieron en la redacción y suscripción” de un acuerdo con una constructora tras un accidente en las obras, germen del asunto judicial.
El convenio sí fue “examinado e implícitamente autorizado por los servicios jurídicos que comparecieron en la vista judicial de la homologación”. La formación apuntó que la ley no exige “profesionalidad” en el ejercicio de sus funciones a los representantes municipales, “sino que lo que le exige es el cumplimiento estricto de la ley, cosa que tanto el fiscal como la jueza reconocen que hizo Legarreta”.
Lo que en un principio fue un accidente de obra en un solar adyacente -donde la empresa privada Ibarretas XXI construía otro bloque de pisos- y supuso la firma de un acuerdo entre ambas partes para solventar los problemas generados, desembocó a partir de 2010 en un embrollo judicial y urbanístico de compleja resolución y largos años de idas y venidas, que, finalmente, fue satisfecho con una orden judicial de derribo de las dos últimas plantas tras varios requerimientos previos.
A la vista del asunto, Bildu -que tomó las riendas del Consistorio en 2011- apuntó rápidamente a la culpabilidad de Legarreta e Imatz. Incidían en la necesidad de depurar las responsabilidades políticas por la gestión en San Martín. Tras poner en marcha una comisión de investigación, no fue hasta el pasado año cuando dieron el paso de judicializar la gestión del anterior ejecutivo, en manos del PNV, al considerar que los jeltzales adoptaron acuerdos “a sabiendas de que contravenían la ley, lo que ha motivado que ahora Beruala se encuentre en una situación de quiebra técnica”. De 4,1 millones de euros, exactamente, según apuntaban. La Justicia, sin embargo, no les ha dado la razón.