Lemoa. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Bilbao ha dado la razón al Ayuntamiento de Lemoa y su proyecto de reparcelación del sector SR2 San Ignacio. En 2009, el Consistorio del municipio quería continuar haciendo crecer el número de viviendas residenciales en el municipio, por lo que propuso convertir unos terrenos entre el campo de fútbol de Arlonagusia y la escuela Inazio Zubizarreta en el marco perfecto para acoger 373 viviendas, de las que 71 serían de Protección Oficial. Para ello, un decreto de Alcaldía, con fecha de 11 de junio de 2009, dio el primer paso para poder ver cumplido su plan urbanístico.

Esta orden del equipo gobernante aprobaba el proyecto de reparcelación del sector donde se iban a levantar las nuevas casas, compuesto por terrenos propiedad de alrededor de 20 particulares. Dentro de este proyecto, se estimaba que era necesario indemnizar a una empresa maderera que se ubicaba en el solar más cercano al campo de fútbol, ya que su actividad se ponía en jaque con el propio proyecto de reparcelación.

La cantidad estimada por el Ayuntamiento entonces fue de 390.000 euros. Con ella no estaban de acuerdo parte de los dueños de los terrenos que denunciaron al Consistorio local. Según apuntaban, no existía dato alguno que hiciera pensar que el cierre de la maderera estuviera motivado por el futuro proyecto de viviendas. Opinaban que esta empresa ya estaba prácticamente muerta antes del plan de reparcelación. No obstante, "prolongó su actividad artificialmente con el fin de obtener un lucro indebido", argumentaban.

Igualmente creían que la indemnización de 45 días por año trabajado a los empleados de la empresa no se correspondía con lo que ellos consideraban que debía ser y que pasaba por pagarles 20 días por año. Tampoco consideraban que a la empresa le correspondía cobrar una cantidad por lucro cesante, ya que esta no acreditó la posibilidad de seguir adelante en otra ubicación y la obtención de beneficios futuros.

No obstante, la justicia ha desestimado estos recursos interpuestos por algunos propietarios del suelo ya que argumenta que la actividad de la maderera sería "incompatible" con la reparcelación del sector por lo que su traslado o cese debe de ser indemnizado. "Se desarrolla una actividad incompatible con la ordenación que se ejecuta, ya que se desarrolla una actividad industrial en suelo residencial", concluye la sentencia.

La jueza da por bueno también el pago por el cese de la actividad en lugar de su traslado, ya que este sería "costoso y muy gravoso" por sus características. De hecho, fija el coste del traslado de la empresa en 621.000 euros, a los que habría que añadir 219.000 euros de las medidas correctoras a implantar en la nueva ubicación.

Para el PNV, partido que gobernaba en 2009, la sentencia es "clara" y "avala la gestión realizada por el anterior equipo de gobierno". Por ello, piden que se estudie la manera de retomar el proyecto reformulado por la situación de crisis que vive la construcción.