Muskiz adquiere terrenos para la ampliación del instituto

Muskiz. El Ayuntamiento de Muskiz adoptó ayer la decisión de adquirir el terreno privado colindante al colegio público Cantarranas y el instituto de educación Secundaria para atender, "a la mayor brevedad posible", la solicitud de suelo de uso docente planteada por la delegación de Educación del Gobierno vasco, destacó el alcalde de Muskiz, Borja Liaño.

Este organismo considera indispensable ampliar las instalaciones del IES para responder a la demanda de plazas existente en la localidad y municipios circundantes. En la actualidad, el único suelo con la calificación de suelo de uso docente que existe en el término municipal de Muskiz se encuentra anexo a estos dos centros educativos.

Se trata de una superficie de aproximada de 1.800 metros cuadrados libres de construir, entre los que se encuentra una parcela de unos 414 metros cuadrados de titularidad privada. En esta propiedad se ubica una vivienda declarada en ruina y algunos árboles frutales.

Enajenación La enajenación de esta parcela privada, aprobada este lunes en la junta local de gobierno, supone un desembolso económico cercano a los 90.000 euros. "Una cuantía que los técnicos municipales han considerado razonable para avanzar en las negociaciones con sus propietarios y evitar soluciones más costosas y difíciles, consolidando de esta forma el futuro del colegio", destacó Liaño.

Dado que la superficie que actualmente se encuentra calificada como destinada a uso escolar no es suficiente para atender la demanda del Gobierno vasco -que ha señalado la necesidad de disponer de unos nuevos 4.000 metros cuadrados-, la Corporación local está trabajando en futuros desarrollos del suelo municipal a través del Plan General de Ordenación Urbana que actualmente se encuentra en desarrollo.

El Ayuntamiento considera que ambas medidas, la adquisición del terreno privado ya calificado como de uso escolar y la reserva de nuevo suelo con esta calificación a través del PGOU, "permitirá disponer de la superficie total exigida por el Gobierno Vasco en un plazo estimado de dos años o tres años".