GORLIZ. El Ayuntamiento de Gorliz concluirá en apenas tres meses la polémica urbanización del barrio de Andra Mari, que se ha prolongado durante cuatro años, tres más de los previstos. La actuación emprendida por el anterior equipo de gobierno, en manos del Grupo Independiente, se ha incrementado en este tiempo un 31% con un sobrecoste de 1,5 millones de euros hasta rozar los 5 millones.
Pero, la nueva Corporación jeltzale ha logrado suavizar esta semana el impacto económico de la operación con la obtención de una subvención foral de 345.000 euros procedente del fondo que cubre gastos imprevistos de los municipios. En este caso, Gorliz ha solicitado una ayuda para el pago de los 575.000 euros ocasionados por defectos de obra. Finalmente, la subvención ha cubierto el 60% del importe. La alcaldesa, Arantza Etxebarria destaca la importancia de esta inyección económica para reducir el impacto en las arcas municipales. "Estamos muy satisfechos porque la ayuda es muy importante en tiempos de crisis. Nos va a permitir evitar ajustes", señala.
La primer edil también destaca el alivio para los vecinos por la cercanía de la fecha de finalización. "Estaban muy molestos porque han tenido todo levantado y no entendían los retrasos sucesivos", señala. En la actualidad, el Ayuntamiento afronta los últimos remates de esta actuación urbanística, que se ha ampliado para cubrir las deficiencias de la planificación inicial.
rotonda En concreto, las modificaciones incluyen una rotonda para mejorar los accesos por carretera tanto a Andra Mari como al vecino barrio de Andra Mari Axpe. Asimismo, la intervención comprende, entre otras inversiones, las canalizaciones de agua que no estaban previstas.
Etxebarria apunta a la mala gestión al descartar la existencia de complicaciones que justificasen tanto los retrasos de las obras como el incremento del presupuesto. "No ha habido dificultades técnicas insalvables", precisa. Sin embargo, las obras no habían planificado el desmonte de una zona próxima a la ermita de Andra Mari.
Lo cierto es que la urbanización de esta zona ha estado envuelta en numerosos problemas durante su ejecución la pasada legislatura. Tanto es así, que los trabajos se interrumpieron durante meses.
Los problemas enturbiaron las relaciones entre el Ayuntamiento y la primera constructora, Exbasa, que no llegaron a un acuerdo amistoso para la rescisión del contrato. El conflicto se resolvió a través de un proceso de arbitraje que obligó al Ayuntamiento a abonar 370.000 euros a la empresa. Además, el Grupo Independiente incurrió en nuevos gastos al contratar un informe de la situación a un estudio ajeno al Ayuntamiento.
