Un Castro sin lastre legal

Bilbao

Las elecciones municipales del pasado 22 de mayo han traído consigo un cambio radical en Castro Urdiales. Por primera vez tras mucho, ningún miembro de su equipo de gobierno tiene causas judiciales pendientes y, por primera vez, la cercanía de Bizkaia se dejó notar con la obtención de un edil por parte del formación Anexión a Vizcaya, nuevo agrupación política en el complicado universo de la localidad costera cántabra.

El Partido Popular se ha hecho con la alcaldía gracias al apoyo de los regionalistas (PRC), con lo que truncó cualquier posibilidad de pacto a la segunda lista más votada en la pedanía, el PSOE. Así, Iván González encabeza el nuevo equipo de gobierno de Castro Urdiales; un ejecutivo en minoría -poseen 10 de los 21 ediles que forman el salón de plenos- pero limpio de toda mácula.

Las urnas dieron como claros vencedores a los populares con 7 concejales, seguidos por los socialistas que lograron 5 escaños. Pero era necesario un pacto entre diferentes siglas para ocupar el sillón de la Alcaldía con mayor tranquilidad. PP, PRC -que logró 3 concejales- y Acuerdo por Castro (AXC), el partido que aún lidera Rufino Díaz Helguera, alcalde del municipio hasta 2003, se aliaron en un principio para lograr la ansiada mayoría absoluta. Con esta alianza se pretendía devolver al consistorio castreño una estabilidad tras el galimatías político que ha vivido el municipio con un alcalde tránsfuga, imputado en siete causas judiciales, condenado por prevaricación y que se convirtió en el primer regidor cántabro en ingresar en prisión durante su mandato.

Sin embargo, cuando todo parecía más que pactado, el juez Acayro, instructor que lidera las causas judiciales de la antigua corporación, echó abajo sus planes con la publicación de la instrucción del Caso la Loma, en el que se investigan ilegalidades en el desarrollo urbanístico de la zona. Helguera aparecía como uno de los casi 50 imputados en el caso. Concretamente, las acusaciones al dirigente de AXC se centran en un delito de cohecho, habiendo aceptado sobornos de al menos 150.000 euros.

La noticia alertó a González y José Ucelay, cabeza de los regionalistas. Ambos mantenían la presunción de inocencia ante una antigua acusación de la fiscalía por un delito de falsificación documental que también pesa sobre los hombros de Helguera pero no tomaron la misma postura por las acusaciones de cohecho. Así que rompieron el pacto.

De un día para otro, PP y PRC vieron como se escapaba su mayoría, pero el pasado 11 de junio se hizo con el bastón de mando del municipio. Y lo hizo en una sesión constitutiva en el que no hubo sorpresas y en el que todos recordaron el anterior pleno de investidura cuando el ex alcalde, Fernando Muguruza, se votó a si mismo como alcalde desobedeciendo las órdenes de su partido, el PRC.

El popular González fue elegido nuevo alcalde castreño y Muguruza tuvo que resignarse a no participar en las elecciones -junto al que fuera su teniente de alcalde José Miguel Rodríguez López- al ser condenado a la pena de siete años y seis meses de inhabilitación de empleo o cargo público por un delito de prevaricación y ser declarado inelegible en las listas de Alternativa Castreña Independiente (ACAI) por la Junta Electoral de Laredo. Al ex alcalde aún le quedan siete causas pendientes ante la ley.

Los asientos de la oposición los ocuparán, durante los próximos cuatro años, los socialistas, con cinco ediles; la agrupación Castro Verde, con 4 concejales, y Acuerdo por Castro y Anexión a Vizcaya (AAV), con un edil cada uno.

Precisamente este último, AAV, ya ha experimentado su primera polémica interna. El grupo, liderado por César Blanco -que con anterioridad militaba en AXC-, defiende la creación de convenios de colaboración en el ámbito de la sanidad y el transporte con Euskadi. Al parecer, la formación no está de acuerdo con el papel jugado por Blanco, y le acusa de incumplir los estatutos, al cumplir, según denuncian irregularidades en los libros de afiliación y contabilidad. Así las cosas, el grupo ha tomado la decisión de expulsarle y ahora, le exige a Blanco que entregue su acta de concejal, petición a la que el edil se ha negado.

Polémicas a parte, Castro Urdiales, el municipio que muchos vizcainos han escogido como segunda residencia inicia un nuevo camino. Un sendero marcado por un equipo de gobierno limpio que tendrá la oportunidad de devolver al Ayuntamiento una estabilidad de la que desde hace varias legislaturas carecía.