Barakaldo. Cinco años después de su desmantelamiento, la empresa Plastificantes de Lutxana vuelve a ser noticia. Dos directivos de esta filial de Cepsa, que tuvo su sede social en el municipio de Barakaldo, se sentarán en el banquillo de los acusados en calidad de encausados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a raíz de varios vertidos tóxicos que se produjeron en el año 2003, según dio a conocer ayer la asociación ecologista Lur Maitea.
Un grupo de 140 familias afectadas del barrio de Retuerto -algunas tuvieron incluso que desalojar sus viviendas durante una semana y necesitaron asistencia médica debido a las emanaciones que llegaban a través de los sumideros-, presentaron una querella criminal contra esta compañía y contra varias instituciones públicas en el año 2004 por las fugas contaminantes que, según denunciaban, se veían produciendo de forma repetida desde el año 1997.
Después de seis años de instrucción, Lur Maitea anunció ayer que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo ha decidido cerrar la instrucción para comenzar a preparar el juicio, "tras reconocer que estas 140 familias han sufrido vertidos que han supuesto un riesgo para su salud". Sin embargo, la jueza tan sólo estima los hechos acaecidos en el año 2003, por eso los vecinos anunciaron ayer que van a presentar un recurso ante la Audiencia de Bizkaia para que en el proceso se incluyan los vertidos "perfectamente acreditados" desde 1997 a 2002, y para que se impute también al Ayuntamiento de la localidad fabril, a la Diputación y a dos departamentos del Gobierno vasco "por permitir que esto sucediera".
De forma paralela, el próximo 17 de junio el ex director de la agencia Ihobe, José Luis Aurrekoetxea, y un representante de Plastificantes de Lutxana, Juan Ignacio Saracho, tendrán que prestar declaración en el Juzgado de Barakaldo en calidad de imputados a raíz de la querella criminal que Lur Maitea presentó por la descontaminación de los terrenos. La sociedad dependiente del Gobierno vasco contrató a la ingeniería Idom en octubre de 2004 para que limpiara el solar, situado junto a la autopista A-8. Sin embargo, tal y como explicó ayer la portavoz de Lur Maitea, Consuelo Elosua, dos informes realizados por la consultora URS y por el Seprona una vez finalizadas las labores de remediación del suelo detectaron una concentración alta de sustancias peligrosas.
