La oposición ve en este caso "otro episodio de una tétrica historia"

Barakaldo. Con estupefacción y críticas a la gestión del equipo de gobierno. Así reaccionaron ayer los partidos políticos de la oposición ante la noticia publicada ayer por DEIA en la que informaba que el Ayuntamiento de Barakaldo autorizó el pago de facturas por valor de 1,7 millones de euros a la antigua empresa de la directora de Administración Turística y Competitividad del Gobierno vasco, Isabel Muela, a pesar de los informes contrarios del interventor municipal.

"Parece que se ha escrito un nuevo episodio de una tétrica historia que empieza a tener demasiados capítulos", declaró ayer la portavoz del PNV, Amaia del Campo. La concejala no ocultó su "preocupación" por este nuevo caso que se produce al final de una semana muy convulsa en la localidad fabril, marcada en el plano político por las irregularidades detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas en la gestión de los centros de día municipales.

Tras la polémica creada en torno al Departamento de Acción Social, las miradas se dirigen ahora hacia el Área de Alcaldía. Y hay un detalle que ha llamado poderosamente la atención de la formación nacionalista: la presunta contratación verbal de los servicios de Embi, algo que está prohibido en la Administración Pública y que los jeltzales consideran "sumamente grave".

"Recientemente el alcalde justificó el uso de este procedimiento en el CIS entre junio de 2007 y marzo de 2007 alegando que fue para evitar que el servicio se paralizara. Con la noticia publicada ayer vemos que Tontxu Rodríguez parece haber hecho uso de esta excepcionalidad en numerosas ocasiones, hasta hacerla habitual en su forma de gestión. Veremos las consecuencias que le puede acarrear", manifestó la jeltzale Del Campo.

La portavoz del PP, Amaya Fernández, consideró "profundamente equivocado" que un político tome decisiones en contra del criterio de los técnicos, como se ha producido en este caso. La izquierda abertzale, por su parte, alertó sobre el "peligro" que supone gobernar mediante decretos de Alcaldía porque, en su opinión, este sistema que genera "descontrol y actuaciones arbitrarias". Por eso, el concejal Txiki Castaños se muestra partidario de modificar el Reglamento Orgánico Municipal "para evitar que este tipo de cuestiones pasen".

El PSE, por su parte, defendió la gestión realizada y respondió que haber autorizado el pago de las facturas en contra del criterio del interventor "no significa que sea un procedimiento ilegal". Sobre los gastos de protocolo, la concejala de Alcaldía, Noelia Rodríguez, comentó que son un asunto "recurrente" de los grupos de la oposición, a los que acusó de estar en "precampaña", y dijo no entender que "saquen" asuntos tan antiguos, en referencia a la fecha de los primeros pagos en el año 2002. El PNV, sin embargo, cree que ha llegado la hora de que la justicia "se centre en la gestión del Ayuntamiento y actúe para despejar las dudas".