El número de pisos turísticas en Bilbao sigue subiendo como la espuma. La incertidumbre por la nueva normativa en la que trabaja el Ayuntamiento de Bilbao para limitar aún más su implantación no ha frenado las solicitudes de licencia. Más bien al contrario. El hecho de que la modificación del PGOU en la que trabaja la administración municipal pueda vetar a futuro este tipo de alojamientos ha espoleado a los más dubitativos. “Antes de verano mucha gente quería sacar la licencia por si acaso y ahora hay mucha gente que pregunta porque ha pasado sus vacaciones en un piso turístico y lo han visto como una oportunidad”, asevera al respecto Amaya Vildósola, arquitecta de MKR Soluciones, empresa que se dedica a tramitar las licencias. De esa manera, si cuando se anunciaron nuevas restricciones en mayo había 968 viviendas censadas, actualmente esa cifra se sitúa en 1.027, es decir, un 5,74% más.
“Es un momento alto de demanda”, corrobora Vildósola, quien en las últimas semanas está atendiendo peticiones de clientes que “tras utilizar Airbnb o Booking para alojarse en un piso turístico durante sus vacaciones, se han acordado de ese piso que tenían vacío”. Estas solicitudes se suman a todas aquellas que se llevaron a cabo antes del verano. “Hay quien dice que no van a hacer uso de la licencia, pero cuando te registras en el REATE -Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi- te piden que al menos tengas dos alquileres en un año”, indica esta arquitecta, quien corrobora que, actualmente, hay muchas dudas entre los potenciales arrendadores. “Hay una campaña brutal contra los pisos turísticos y tienen un poco de miedo por que vaya a cambiar la normativa, no solo la municipal, sino también la del Gobierno vasco o, incluso, del Gobierno estatal”, apunta sobre el recelo de sus clientes.
Fue durante el pleno de mayo cuando el Ayuntamiento de Bilbao anunció que modificaría su PGOU para restringir aún más la presencia de pisos turísticos en la ciudad. La primera limitación, de 2017 -cuando aún no llegaban a dos centenares-, promovió que estas viviendas solo pudieran implantarse en la primeras plantas. Y, en el caso del Casco Viejo y Bilbao La Vieja, se decidió que no podrían establecerse más de una por comunidad. Sin embargo, desde entonces, la proliferación de estos alojamientos ha empujado al Consistorio a tomar medidas más severas, por lo que ya cuenta con una asistencia técnica para redactar el texto que concretará las restricciones en base a datos por barrios y distritos. Por de pronto, el alcalde Juan Mari Aburto comunicó a mediados de agosto que uno de los objetivos en los que están trabajando es que las habitaciones turísticas cuenten con las mismas restricciones que las viviendas.
Normativa
Pero la normativa no está cambiando solo en Bilbao, sino que muchos ayuntamientos de Bizkaia están promoviendo limitaciones ante una tasa de pisos turísticos apabullante: es el caso de municipios como Mundaka, Lekeitio, Getxo o Sopela. “Lo primero que hacemos cuando nos viene un cliente que quiere poner un piso turístico es consultar con el ayuntamiento correspondiente para verificar si el registro en el REATE va a servir”, expone Vildósola, ya que inscribirse en el Gobierno vasco para después encontrarse con una limitación de poco sirve. “Hay gente de Bilbao que se ha registrado con una vivienda en un segundo piso, por lo que finalmente no ha podido obtener licencia”, indica la arquitecta, que realiza todo los trámites por una tarifa de entre 300 y 350 euros.
“Muchas comunidades no quieren gastar dinero, por lo que no registran la prohibición” Amaya Vildósola MKR Soluciones
Las incógnitas en lo que respecta a las normativas planean sobre los propietarios, ya que se desconoce si las ordenanzas se aplicarán con carácter retroactivo. “En Getxo salió el 12 de agosto una modificación puntual del plan general y actualmente solo se pueden alquilar viviendas turísticas con acceso independiente”, puntualiza Amaya Vildósola, quien asevera que no hay ninguna especificación sobre aquellos pisos que ya estaban registrados en el REATE con anterioridad. “Es una consulta que tenemos que hacer al Ayuntamiento, para ver lo que ocurre con esas viviendas, porque a lo mejor las dejan fuera de norma, de forma legal, pero en el momento en que pierdan licencia o se den de baja, ya no la puedan recuperar”, indica. En ese sentido, asegura que las normativas están cambiando “constantemente porque los pisos turísticos están en el punto de mira y las comunidades están muy revueltas”.
Otras herramientas
Por de pronto, una de las alternativas más eficientes para limitar la implantación de pisos turísticos está en manos de las comunidades de propietarios, que tienen potestad para vetar estos alojamientos en sus edificios. Pero no de cualquier forma. La Ley de Propiedad Horizontal estipula que se necesitan tres quintas partes para poder sacar adelante la restricción, por lo que no sirve con una mayoría simple. “Además, conlleva un cambio de estatutos, lo que supone dinero”, aclara Vildósola, quien indica que muchas comunidades no dan el paso definitivo porque cambiar los estatutos supone pasar por notaría y desembolsar entre 1.500 y 2.000 euros. “Muchos no quieren gastar ese dinero, por lo que se quedan sin registrar la prohibición”, apunta. La arquitecta asevera, además, que al contrario de lo que se cree, no sirve con que la oposición de los vecinos conste en un acta. “Si no figura en el registro de la propiedad, no es válida la prohibición, porque no está elevado a público”, indica. Este es uno de los motivos por los que aunque haya mucha resistencia por parte de los vecinos finalmente opten por no poner coto a las viviendas turísticas.